Apenas habían pasado dos meses desde la expedición de la Constitución de 1991 cuando Fernando Londoño, sintetizando el malestar de los defensores del viejo derecho, sentenció: “Cuando alguien decida hacer algo serio para rescatar a Colombia del abismo al que ha sido arrojada, no podrá soslayar el ineludible desafío de romper en mil pedazos ese traje de arlequín que costureros tan ineptos tejieron en las deplorables jornadas del primer semestre de 1991”.

Para los críticos, la tutela era el parche más visible del nuevo traje, la síntesis de los males que veían en el nuevo orden. Trastocaba las jerarquías porque cualquiera podía usarla: los estudiantes contra colegios autoritarios, las mujeres contra parejas abusadoras, los desplazados contra funcionarios indiferentes. Democratizaba la justicia porque no requería formalidades ni abogado. Y era eficaz: en cuestión de diez días los jueces tenían que resolver disputas que de otra manera se habrían enredado años.

Por eso sus detractores, comenzando por Londoño, hicieron lo posible por desmantelarla. Como se recordará, el recorte de la tutela era pieza central de las reformas a la justicia que presentó el entonces ministro del Interior durante el gobierno Uribe.

Pero la tutela encabezaba las opiniones favorables de los colombianos en las encuestas. De ahí que los congresistas no se atrevieran a reformarla, mientras que los jueces seguían resolviendo los miles de problemas cotidianos que los ciudadanos han convertido en tutelas para reclamar sus derechos.

Con el uso, existía el riesgo de abuso. Al igual que cualquier institución, la tutela estaba expuesta a saboteos, como los que multiplicaron los problemas del sistema de salud y terminaron en los juzgados. Como los gobiernos no enmendaban los evidentes problemas de ineficiencia y corrupción del sistema, la tutela fue la única vía que encontraron los ciudadanos para exigir su derecho a la salud. La situación fue aprovechada por un buen número de EPS y farmacéuticas para abusar de la tutela. Por ejemplo, las EPS negaban un medicamento o un tratamiento esencial y le sugerían al paciente que presentara una tutela, para luego cobrarle el servicio al Estado a precios exorbitantes. Eso ayuda a explicar que cerca del 40% de las tutelas tengan que ver con salud y que los pagos del Estado a las EPS por ese concepto se hubieran disparado.

El abuso que prendió de nuevo el debate es la “tutelatón” a favor del alcalde Petro. Como lo decía en la columna anterior, es una estrategia que, aunque legal y basada en una violación real de derechos políticos, desnaturaliza y desgasta la tutela. Sus gestores pudieron prever el caos actual de cientos de sentencias, algunas contradictorias entre sí. No hacía falta interponer 800 demandas para controvertir la decisión desproporcionada del procurador.

Lo paradójico es que algunos de los defensores más sinceros de la tutela han terminado justificando los abusos que la tienen en entredicho. Por ejemplo, el senador Robledo critica la reforma a la salud que cursa en el Congreso por ser un “ataque a la tutela”, olvidando que el statu quo les conviene más a las EPS que a los pacientes y a la tutela misma. Y el alcalde Petro salió en defensa de la infortunada tutelatón.

Con ayuda de sus amigos, la tutela ve crecer las voces de sus enemigos. En lugar de debilitarla, hay que reforzarla y protegerla de los abusos de unos y otros.

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