¿Cómo evitar que pase de nuevo? Muchos se hacen estas preguntas, indignados por la elección a la Cámara de María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco, dos políticos a los que les sobran los cuestionamientos éticos, pero les faltan las razones por las que la Constitución reservó curules para afros: la experiencia de discriminación por el color de la piel y el trabajo por las comunidades negras.

Las curules indígenas y afros surgieron de la Constituyente de 1991. Allí, los representantes indígenas adujeron, con razón, que eran la única forma como unos y otros tendrían una voz permanente en un parlamento —y un país— que los había excluido históricamente. Hoy llegan al Congreso dos senadores y un representante indígenas, y dos representantes por las comunidades negras.

El problema es que la Ley 649 de 2001, que reguló estas circunscripciones especiales, dejó mejor definidos los criterios para los indígenas que para los afros. Mientras a los primeros se les exige “haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena”, a los segundos sólo “ser miembros de la respectiva comunidad y avalados previamente por una organización” afro. De modo que cualquier blanco o mestizo puede declararse negro y conseguir el aval de una de las miles de organizaciones improvisadas que el Ministerio del Interior registra sin ningún rigor.

El boquete no pasó desapercibido para los políticos rechazados por otros partidos por conexiones turbias o los que vieron en él la oportunidad de ser congresistas con votaciones menores a las que habrían necesitado en la competencia por curules regulares. Así fue elegido el cuestionado Yahír Acuña en 2010 y así ganaron ahora Bustamante y Orozco.

La solución va más allá de lamentarse de los políticos que lavan lo ético con lo étnico. Implica discutir la pregunta que el Ministerio del Interior y el Consejo Nacional Electoral prefieren esquivar por ser políticamente incorrecta: ¿quién cuenta como candidato afro y quién no? Es políticamente incorrecta porque reconoce que el color de la piel importa; que tener facciones negras reduce drásticamente las oportunidades políticas, educativas y laborales en Colombia, como lo hemos mostrado en estudios del Observatorio de Discriminación Racial. Implica también concluir que las curules deben ir a personas negras que han sentido en carne propia la discriminación contra la cual fueron creadas esas oportunidades.

¿Cómo decidir quién es negro y quién no? ¿Acaso la sola pregunta no genera las mismas distinciones que pretende combatir? Son interrogantes razonables que se hacen incluso quienes denuncian el racismo. Pero la crítica generalizada contra Bustamante y Orozco muestra que no es tan difícil hacer la distinción. Y que así como existen criterios de color para discriminar —pregúntenle a un portero de una discoteca que no admite negros—, no hay razón por la cual no puedan aplicarse para contrarrestarla. Así lo hacen las universidades brasileñas para admitir más estudiantes negros o la Fundación Color para dar premios a los afrocolombianos del año.

La anterior es una solución válida. Otra sería exigir lo mismo que a los representantes indígenas: haber ejercido un cargo de autoridad en un consejo comunitario negro o haber sido líder de una organización afro reconocida. Nada garantiza que sean idóneos. Pero al menos no serían una burla a quienes han sido objeto de burlas a lo largo de la historia.

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