ALGUNA VEZ ESCRIBÍ AQUÍ QUE EL encanto especial que tiene Argentina para los colombianos es mucho más que el fútbol, el asado o la belleza de Buenos Aires y del país en general.

¿Por qué las calles porteñas están atestadas de turistas colombianos? ¿Por qué en sus universidades los estudiantes colombianos son la colonia más numerosa? Decía que la gracia de la sociedad argentina es algo que no se ve, sino que se respira: un aire más refrescante de igualdad.

Pues bien: los argentinos acaban de dar un nuevo ejemplo con la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, el primer estatuto nacional que reconoce la unión matrimonial de parejas del mismo sexo en América Latina. Ya viene una nueva avalancha de turismo de igualdad. Cerca de 300 parejas del mismo sexo de Colombia y todo el continente, que siguen siendo ciudadanos de segunda en sus países, han hecho reservas para irse de boda y luna de miel a Argentina. Tremendo plan. O como dirían los argentinos: flor de plan.

Flores y argumentos fueron las armas de los activistas LGBT en la “guerra de Dios” que les declaró Jorge Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, para quien la boda gay es una “movida del diablo”. La misma guerra declarada en Colombia por los sectores homófobos del catolicismo y el cristianismo, encabezados por el procurador Ordóñez. Qué casualidad: el mismo día que el Congreso argentino aprobaba la ley, la Procuraduría colombiana presentaba concepto negativo sobre el matrimonio gay ante la Corte Constitucional, en un caso que está pendiente de sentencia.

Este es sólo el episodio más reciente de la guerra santa contra los ciudadanos LGBT. Con paso lento pero seguro, los cruzados criollos vienen obstaculizando la aplicación de los fallos de la Corte que reconocen derechos básicos de las parejas del mismo sexo, como el de vivir en unión civil o recibir la pensión del compañero fallecido. Y venían bloqueando cualquier avance, como lo hizo la misma Procuraduría en otro concepto ante la Corte, en el que se opuso a las adopciones por parte de parejas homosexuales.

Así que —mientras que Uruguay legalizaba esas adopciones y Ciudad de México aprobaba una ley de matrimonio gay— aquí hemos ido como el cangrejo, en reversa. Para la muestra está un preocupante fallo de la misma Corte Constitucional que ha pasado desapercibido y debería prender las alarmas de quienes creen en el derecho a vivir y dejar vivir en paz.

Se trata de la sentencia T-911 de 2009, que negó una tutela a un ciudadano que vivió con su compañero permanente durante 26 años, hasta la muerte de éste. Al solicitar la pensión de su pareja fallecida —derecho reconocido por una sentencia de 2008—, se encontró con que la discriminación sigue viva en las notarías, las empresas y las entidades estatales, que exigen requisitos y ponen trabas inexistentes para las parejas heterosexuales.

El ISS salió con esta perla: para reconocer la pensión, le exigió al ciudadano que anexara una declaración ante notario en la que él y su compañero expresaran su voluntad de conformar una familia. El problema es que el compañero tenía un pequeño inconveniente para ir a la notaría: estaba muerto. Por eso el sobreviviente ofreció probar la unión como lo pueden hacer las parejas heterosexuales, es decir, con testigos, documentos y otros medios. Pero el ISS negó la pensión con el argumento discriminatorio de falta de prueba, como también lo vienen haciendo fondos de pensiones privados. Y la Corte, sorprendentemente, estuvo de acuerdo con el argumento.

Con estos trámites silenciosos, los intolerantes quieren frustrar los fallos que reconocen los derechos de la población LGBT. Ojalá la Corte no se deje enredar en las minucias. Porque, como lo saben el arzobispo Bergoglio y el procurador Ordóñez, el diablo está en los detalles.