Con rigor técnico y valentía política, el Ministerio de Salud está enfrentando el poderoso lobby de las empresas farmacéuticas y poniendo techo a los precios exorbitantes de los medicamentos.

El acertado control de precios que anuncia el ministro Gaviria le da la razón a la propuesta que durante una década lideró la Federación Médica Colombiana y que otros veníamos secundando con base en estudios propios y ajenos.

Pero si la medida ha sido tan bien recibida, ¿por qué no se tomó antes? ¿Quién permitió el abuso de los precios y quién se benefició?

Las respuestas se encuentran en el gobierno de Álvaro Uribe. En 2006, la Comisión de Regulación de Precios de Medicamentos —integrada por un delegado del presidente y los ministros de Salud y Comercio Exterior— expidió la medida que liberó los precios (la Circular 04). De modo que si hay algún responsable político por los miles de millones de pesos que el Estado y los ciudadanos pagamos de más por medicamentos, son el ministro Diego Palacio y el gobierno anterior. Habría que ver si su responsabilidad es también disciplinaria o penal, si la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía adelantan las investigaciones pertinentes.

Pero las empresas farmacéuticas también tienen mucho que explicar. Fueron ellas las que se beneficiaron de los inusuales precios, como lo explicaremos con Tatiana Andia en un blog en La Silla Vacía. Por ejemplo, las ventas de un solo medicamento de Roche (Rituximab, para el cáncer y la artritis) le habrían reportado a la empresa en 2012 un ingreso de cerca de $29 mil millones por encima del que habría recibido con el precio que acaba de fijar el Ministerio, según cálculos del Observatorio del Medicamento.

Con algo de razón, las empresas dirán que sólo siguieron las laxas reglas que les fijó el Estado. Así lo hizo Abbott el año pasado, al defenderse exitosamente de una acción judicial relacionada con los precios exorbitantes de Kaletra, una droga para el tratamiento del sida. Pero esa no es toda la verdad, porque las farmacéuticas defendieron enérgicamente el sistema anterior e hicieron todo lo posible para mantener ocultos los irrazonables precios. Basta recordar que, en 2010, Afidro (la asociación de farmacéuticas multinacionales) interpuso una tutela para intentar bloquear la divulgación de los precios a los que el Estado compraba los medicamentos.

Por eso las medidas que está tomando el Gobierno actual son especialmente valiosas. Comenzando con la ministra Beatriz Londoño y siguiendo con el ministro Gaviria, ha impulsado una política pública que incluye una regulación razonable de los precios basada en comparaciones con otros países. De ahí el anuncio reciente de incluir casi 200 medicamentos en este sistema, que le ahorraría cerca de $400.000 millones al sistema de salud.

Tan importante como los precios máximos es el procedimiento transparente para fijarlos. En lugar de la opacidad de la información de la que medraban funcionarios venales y farmacéuticas en el gobierno previo, el Ministerio está haciendo públicas todas las discusiones y las observaciones de las empresas y de la sociedad civil.

No todo está solucionado. Falta ver la reacción de la industria, que difícilmente va a renunciar a las ganancias a las que estaba habituada. También está por verse si los controles se traducen en precios menores en las droguerías. Pero hay razones para ser optimistas.