Una vez más el presidente Uribe mostró su cobre de mal perdedor al negarse a recibir al alcalde electo de Bogotá luego de su triunfo el pasado 28 de octubre. Si todo hubiese quedado ahí, en la displicencia del Presidente, el asunto sería recordado como un desplante de mal gusto y nada más. Pero las cosas fueron mucho más lejos. El 29 de octubre, el consejero Luis Carlos Restrepo y el ministro Juan Manuel Santos la emprendieron contra el presidente del Polo, Carlos Gaviria, no solo por quedarse callado luego de la publicación de un artículo suyo en la pagina web de Anncol, sino por sus opiniones sobre el delito de sedición.

En relación con el tema de la sedición me limito a señalar que Restrepo parece no entender nada cuando acusa a Gaviria de simpatizar con la guerrilla por el hecho de opinar a favor de la aplicación del delito político a la guerrilla. El presidente del Polo piensa de esa manera porque cree -como lo cree la Corte Suprema y lo cree la gran mayoría de los penalistas desde la humanización del derecho penal en el siglo XVIII- que los motivos del delincuente son relevantes en el momento de medir la pena que se le debe imponer. Gaviria defiende esa posición por razones éticas, no por simpatías con los delincuentes.

Pero en este asunto de la sedición, el comisionado Restrepo parece menos ignorante que hipócrita. No hay que olvidar que, desde que se redactó el proyecto de la Ley de Justicia y Paz, es el Gobierno -y sobre todo el mismo Restrepo- el que ha tratado de favorecer a los paramilitares con los beneficios del delito político. Si no fuera por las altas cortes, que se han opuesto, hace rato que los ‘paras’ tendrían ese beneficio.

El Gobierno también acusa a Gaviria de no reaccionar ante la reproducción de un artículo suyo en Anncol. Aquí no hay ignorancia jurídica, sino simple mezquindad. ¿O acaso el Presidente o el comisionado Restrepo se han precipitado a descalificar a los paramilitares que desde sus páginas web o desde sus publicaciones han reproducido sus ideas? No, y no lo han hecho porque no tienen por qué hacerlo. En principio, uno no está obligado a responder por la manera como otros usan o abusan de nuestras ideas. Sin embargo, a Gaviria no solo le piden que haga algo que ellos -los del Gobierno- no hacen, sino que le piden que haga algo que ni ellos, ni Gaviria, están obligados a hacer.

Las acusaciones contra Gaviria hacen parte de una estrategia política muy efectiva. El Presidente sabe que su gran apoyo popular proviene, en buena parte, de su capacidad para interpretar el profundo sentimiento antiguerrillero del pueblo colombiano (un sentimiento alimentado con los crímenes y las infamias de las Farc). Consciente de ello, la estrategia del Gobierno contra el Polo consiste en tratar de hacer ver a sus dirigentes como políticos cercanos a la guerrilla. Dado que no tienen pruebas para vincularlos con la subversión, los acusan, como hace José Obdulio, de pecar por pensar.

Para quitarse ese sambenito de encima, pienso que Carlos Gaviria debería ser aún más explícito de lo que ha sido hasta ahora en su condena de las Farc. Con ello, no violentaría sus convicciones liberales -que son más profundas que las de Uribe- y neutralizaría la estrategia del Gobierno. Mientras no lo haga, lo seguirán acusando de “pecar por pensar”.

Lo chocante de estas acusaciones no es tanto su carácter infundado -de eso está lleno el debate político- sino la descalificación que hacen de Gaviria a partir de raseros éticos que el Gobierno mismo, si se los aplicara, no podría superar.

Todo esto me hace recordar la célebre definición que La Rochefoucauld hace de la hipocresía: “Aquel homenaje que el vicio le rinde a la virtud”.

* Profesor de la Universidad Nacional e investigador de DeJusticia
Mauricio García Villegas