En este 28 de septiembre, día internacional del derecho a saber, se raja el acceso a la información pública en Colombia.

Todos los adultos estamos descrestados con el poder de internet. Estamos impresionados igualmente con Google, con los buscadores de internet, con la forma como Wikipedia (a pesar de sus ya reconocidos errores) democratizó el conocimiento e hizo desaparecer la industria de las enciclopedias ycon las 24 horas de video que el planeta cuelga por minuto en Youtube.

Sin embargo, este acceso a la información dista de ser suficiente. En particular, hay un campo que aún es muy opaco: el acceso a la información pública. Si uno quiere saber, por ejemplo, cuál es el salario de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, si laEPS debe cubrir tu enfermedad o las vacantes que hay en una entidad pública, es muy probable que se quede con las ganas. Por una parte, porque no puede entrar en sus páginas web y buscarlo. O mejor dicho, sí puede entrar, pero no va a encontrar nada significativo. Por otra parte, porque si solicita esa información, es muy probable que el funcionario respectivo le conteste que se trata de información privada o reservada, que no la tiene (aunque forme parte de sus responsabilidades generarla), que no puede darla a conocer por razones de seguridad, o que se requiere explicar cuál es el propósito que se pretende lograr con la información solicitada para siquiera considerar la petición. Inténtalo y verás. Yo lo he hecho varias veces y es increíble la variedad de respuestas ambiguas y opacas que uno recibe, si es que las dan.

Parece que los funcionarios públicos y los encargados de manejar estos datos no saben que el acceso a la información pública es un derecho fundamental consagrado en muchas convenciones internacionales, ratificadas por Colombia y aplicadas con gran tino por nuestra Corte Constitucional. Que tienen la obligación de divulgar proactivamente, y ojalá en un medio de fácil acceso al público (preferiblemente Internet) toda la información atinente a su organización, presupuesto, servicios y funcionamiento. Y que además tienen la obligación de contestar a las solicitudes hechas por la ciudadanía sobre información de interés público, sin necesidad de justificación ni identificación del solicitante.

Y es que realmente el acceso a la información pública, además de ser un arma poderosa para combatir la corrupción, le puede cambiar a uno la vida y a un Estado su destino. Stiglitz probó, junto con sus colegas, que un mercado no puede funcionar debidamente cuando cuesta obtener información o cuando las partes de una operación no están informadas por igual.Hay muchos casos emblemáticos de cómo la información puede cambiar lascosas. Desde ejemplos excepcionales como el de quiénes fueron los beneficiarios de los subsidios del programa Agro Ingreso Seguro, hasta el caso de las elecciones españolas del 2004, en el que saber sobre los responsables de las bombas de Atocha en Madrid inclinó la balanza a favor de Zapatero y en contra de José María Aznar.

Pero estos son casos puntuales, porque en la práctica la gente no tiene acceso a la información pública, ni las entidades se han visto realmente obligadas a poner la información al alcance dela ciudadanía.A pesar de algunos esfuerzos importantes como el programa Gobierno en Línea, existe en Colombia poca transparencia informativa. Las razones que explican esta situación van desde la ausencia de interés del poder en transparentar la toma de ciertas decisiones, hasta la falta de presupuesto para organizar la información pública en un formato accesible, pasando por la ignorancia respecto del alcance de este derecho fundamental.

La fórmula para combatir todas las excusas anteriores en Colombia la tiene el Presidente Santos, quién anunció que gobernaría en una urna de cristal. Para cumplir este propósito tendrá entonces que empezar por lograr que los funcionarios de su gobierno reconozcan y apliquen el derecho fundamental de acceso a la información. Una sugerencia casi imperativa es, además de responder adecuadamente las solicitudes de acceso, promover la divulgación proactiva de la información por Internet, de tal suerte que el gobierno se transparente a través de un Google o cualquier buscador de información pública. Y el 28 de septiembre, día internacional del derecho a saber, es un buen momento para comenzar con la construcción del cristal de esta urna.