La reciente liberación por vencimiento de términos de alias Biófilo, el que con bombo fue capturado a raíz del escándalo por la falsa desmovilización del Bloque Cacica Gaitana, pone de presente el pernicioso papel que puede cumplir la detención preventiva en nuestro sistema penal.

Algunos funcionarios judiciales sienten bastante presión para detener a sospechosos de manera injusta. Como decíamos en otra entrada hace tiempo, el principio de presunción de inocencia se afecta cuando el sospechoso es detenido antes de ser condenado. Por lo que esta detención sólo es legítima, excepcionalmente, cuando se tiene información concreta de que la persona puede fugarse, manipular el proceso, o puede constituir un peligro para la sociedad o la víctima.

En un estudio en Dejusticia escrito con Carolina Bernal, analizamos algunos casos muy mediáticos, incluyendo los de Agro Ingreso Seguro, algunos procesos por ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), la orden de captura contra Luis Carlos Restrepo, el carrusel de la contratación, y la orden de libertad que benefició a alias “El Cebollero”. Para estos caso, nos concentramos en las detenciones que sucedieron antes de julio del año pasado. También entrevistamos a varios fiscales, jueces, abogados y expertos que estuvieron involucrados en dichos casos (o procesos parecidos).*

Encontramos que en muchas situaciones la imposición de la detención está débilmente argumentada, por ejemplo, al confundir la gravedad de los delitos que se imputan con la necesidad de detener a la persona.

También, en casi todos los procesos en los que hubo detenido, se vencieron los términos para que el sospechoso siguiera encerrado. Que el vencimiento de términos sea común puede tener varias explicaciones, incluyendo algunas de tipo jurídico (una discusión central aquí es si la defensa dilata innecesariamente el proceso). Pero también puede reflejar una falta de interés de algunos fiscales en que la detención se imponga sólo cuando se cumplen los requisitos legales para ello. En otras palabras, hay fiscales a los que seguramente les interesa más el acto de detener durante cierto tiempo, que el hecho de que la persona permanezca detenida para proteger el proceso.

Por último, cuando un fiscal o un juez se abstiene de detener a alguien, o lo sueltan como consecuencia del vencimiento de términos, u otras razones –médicas por ejemplo-, sufren fuertes ataques. Diversos medios de comunicación y opinadores arremeten en su contra. Algún funcionario del Gobierno sale a conjeturar que se trata de funcionarios corruptos (ejemplos aquí ) ; y el mismo Consejo Superior de la Judicatura les abre procesos disciplinarios.

Con todo esto, en los casos para los que existe bombo político, a los fiscales o jueces les puede salir más barato –corren menos riesgos- al detener a la persona, aún con malos argumentos, y sabiendo que probablemente el periodo de detención vencerá en el futuro. Y esto puede ser peor, cuando se trata de procesos en los que las partes mediatizan el litigio, como sucedió con el caso de Colmenares.

Además, la debilidad de la investigación penal es un factor adicional que incentiva a que los sospechosos sean detenidos con fundamentos débiles. Según las entrevistas que hicimos, la ineficacia del sistema judicial es un estímulo para que los fiscales, mediante la detención de los procesados intenten mostrar resultados a través de medidas de aseguramiento –independientemente de cómo les vaya después al intentar condenar a los sospechosos- o, peor aún, traten de forzar a los procesados a que colaboren en los procesos en contra de otras personas, cuando sería más ajustado a la ley mantenerlos en libertad mientras avanza el proceso. Ante el infierno que es la cárcel, más rápido negocian con la Fiscalía.

¿Qué se puede hacer al respecto? No es esperable que cierta presión en contra de los funcionarios disminuya. Al fin y al cabo, la oralidad de los procesos correctamente busca una mayor publicidad de los procedimientos, para hacerlos más transparentes.

Más bien, previendo que siempre habrá casos políticamente complejos y decisiones impopulares, hay que buscar que la presión no afecte –o afecte lo mínimo posible- la habilidad de los funcionarios de decidir de manera imparcial. Fiscales y jueces nos indicaron que se sienten solos al momento de decidir casos polémicos. Por lo que se necesita una mayor protección institucional a los funcionarios: acompañamiento de sus líderes en la toma de decisiones difíciles, capacitación en manejo de presión, el descarte rápido –y no demorado como sucede ahora- de quejas disciplinarias sin argumento, y finalmente aunque más difícil, mayor prudencia (¿menos populismo?) de funcionarios del Gobierno cuando se libera a alguien.

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*Nota acerca de la metodología. Lo que hicimos tiene bastantes limitaciones, pues no permite saber qué tanto suceden estos fenómenos en una generalidad de casos, y si existe, más allá de la percepción de funcionarios y abogados, una verdadera relación entre presiones y decisiones. Por lo que nuestros hallazgos se limitan a los casos que observamos y dependen de lo que pudimos constatar directamente – por ejemplo, la calidad del argumento en las audiencias de medida de aseguramiento-, o en que lo descrito por quienes entrevistados sea correcto.

El estudio será publicado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés), en un libro que analiza la relación entre independencia judicial y detención preventiva para Argentina, Colombia, Ecuador y Perú.