Un “acto de Estado” no releva de responsabilidad a quienes al realizarlo violan derechos humanos.

La tragicomedia de la política latinoamericana llega a su clímax por estos días con las intromisiones de los presidentes de Ecuador y Venezuela en las elecciones presidenciales colombianas, y con el provecho que le intentan sacar a ello algunos candidatos con la vieja pero renovada práctica de azuzar odios y activar miedos sobre el enemigo externo.

El caballito de batalla del uribismo ha sido la patinada de Antanas Mockus respecto de la posible extradición de Juan Manuel Santos o de Álvaro Uribe al Ecuador. El argumento frente al cual Mockus reculó (verbo que nada tiene que ver con los actos del candidato cuando era rector universitario) es básicamente el siguiente: los funcionarios que participaron de la Operación Fenix no pueden ser objeto de investigación penal por ninguno de los hechos, pues éstos fueron un acto de Estado. Bajo ese entendido, no le corresponde a la justicia perseguir responsabilidades individuales sino estatales, en caso de que las hubiera.

Esta tesis es empero discutible. Es cierto que una posible violación a la soberanía territorial de una nación extranjera o que posibles violaciones a derechos humanos cometidas por agentes estatales pueden generar responsabilidad del Estado y, por tanto, le corresponde a éste enmendar dichos actos.

Es también cierto que el derecho internacional consuetudinario establece que los Jefes de Estado o de gobierno y los Ministros de Relaciones Exteriores en ejercicio gozan de inmunidad de jurisdicción en otros Estados, tanto en materia civil como criminal. Inmunidades que se confieren no para beneficio personal, sino para asegurar el cumplimiento efectivo de sus funciones en representación de sus respectivos Estados.

Sin embargo, es equivocado sostener que bajo el paraguas de la responsabilidad del Estado cualquier funcionario público puede lavarse las manos por cualquier acto. Incluso si se invoca el argumento de la protección de la seguridad del Estado. El derecho internacional prohíbe tajantemente el “todo vale” y establece más bien el principio de “el que la hace la paga”.

Cuando hay violaciones a derechos humanos, por ejemplo, un funcionario estatal no puede escudarse en que era una política de Estado y por ello queda libre de toda responsabilidad. Eso es como si se dijera que Estados Unidos no tenía derecho a investigar y sancionar a quienes le pusieron la bomba al chileno Orlando Letelier en Washington DC., aduciendo que fue un acto de Estado que había sido ordenado incluso por el propio presidente Augusto Pinochet.

Así como los asesinos de Letelier tuvieron que responder por sus actos, los funcionarios colombianos deben responder – incluso penalmente – cuando sus acciones públicas se salen de los parámetros de respeto a los derechos humanos, aun cuando las hayan desarrollado en cumplimiento de una política de Estado.

Si se llegara a comprobar entonces que los alegatos de Ecuador son ciertos (por ejemplo, las acusaciones de que miembros del Ejército colombiano ejecutaron en tierra a personas ya rendidas) quienes hubieren planeado, ordenado, y cometido dichos actos deben ser individualizados por la justicia, investigados y, de ser el caso, juzgados con apego a las garantías del debido proceso. Le corresponde además a las demás autoridades públicas garantizar que dichas investigaciones se realicen para que los hechos y las responsabilidades sean aclaradas.

La campaña del “Santo y el Ángel” está en mora de comprender que esta política de “el fin justifica los medios” no sólo guarda una concepción errada del derecho, sino que además, es una mala estrategia política. Es precisamente el rechazo a ese “todo vale” lo que ha motivado, y sigue impulsando, a los ya casi 500.000 primivotantes que nos reparten girasoles de esperanza a través del carelibro.