DEBERÍAMOS DISFRAZAR A LOS JUEces y juezas de lechuzas y tal vez así su asesinato podría conmover al país, me escribió indignado Diego Bolívar, un funcionario de la Escuela Judicial Lara Bonilla, tres días después del homicidio de la jueza Gloria Constanza Gaona en Saravena.

Y razón no le falta, pues la relativa indiferencia ciudadana frente a este asesinato contrasta con el gran despliegue que tuvo la reciente muerte de una lechuza por la patada de un futbolista.

Está bien que nos conmueva la crueldad contra un animal; pero, ¿no debería indignarnos más el homicidio de esta joven jueza, quien dejó huérfanos a sus dos niños de 14 y 6 años, y que todo indica que fue asesinada por ser una funcionaria digna y valerosa?

Su caso es además especialmente grave. Esta funcionaria tenía a su cargo el proceso contra un subteniente del Ejército por la violación de una niña y su asesinato, junto al de sus dos hermanitos en Tame, Arauca. Pocos días antes de su muerte la jueza negó la libertad al subteniente por vencimiento de términos, pues consideró que el atraso se debía a las tácticas dilatorias de sus abogadas, que forman parte de la “Defensoría Militar Integral” (Demil); y envío de copias de la actuación al Consejo Superior de la Judicatura para que investigara las posibles faltas disciplinarias de las abogadas.

Esas tácticas dilatorias son inaceptables como estrategia de defensa. Pero no es la primera vez que abogados de Demil son cuestionados por los jueces por recurrir a esos mecanismos. La junta directiva de Demil, en donde participan altos mandos castrenses, debería entonces instruir a sus abogados para que no torpedeen así la labor de la justicia.

Estas circunstancias generan además sospechas sobre el posible vínculo entre el asesinato de la jueza Gaona y el proceso contra el militar. Ojalá no sea así. Es importante que la Fiscalía identifique rápidamente los autores materiales e intelectuales de este terrible crimen.

El asesinato de la jueza Gaona es entonces triste y grave. Pero igualmente triste y grave es la indiferencia ciudadana frente a este homicidio y, en general, frente a la intensa violencia contra los funcionarios judiciales en Colombia.

El Grupo de Memoria Histórica, en su informe sobre La Rochela, documentó hechos de violencia contra 1.487 funcionarios de la Rama Judicial entre 1979 y 2009 cometidos contra funcionarios judiciales que, como la jueza Gaona, sólo intentaban hacer una cosa: justicia.

Esta violencia contra la justicia, que en Colombia ha alcanzado intensidades como en pocos países del mundo, no parece, sin embargo, conmover a la ciudadanía, como si ésta pensara que se trata de un problema exclusivo de los jueces o de la Rama Judicial.

Pero no es así: cada vez que un juez sufre violencia y la sociedad tolera ese hecho, es menor la posibilidad de que la justicia se ejerza en forma eficaz e independiente. En este caso específico, la muerte de la jueza Gaona y las amenazas contra los testigos incrementan los riesgos de impunidad del crimen atroz contra los tres niños de Tame.

Son pues los derechos de todos y todas los que están en riesgo, cada vez que los jueces están en riesgo. Por eso, como ciudadanía, deberíamos movilizarnos para exigir protección para nuestros jueces y juezas, y para que los crímenes en su contra no queden impunes. Debemos exigir justicia y protección para la justicia, si queremos que haya protección y justicia para nosotros.

Adenda: Porque no podía dejar de hablar de este hecho atroz, dejo para el blog en “La Silla Vacía” la respuesta al importante debate sobre la acción afirmativa que han planteado las columnas de Héctor Abad sobre el tema, a partir de los resultados del Observatorio de Discriminación Racial.