La distancia del paralelo ecuatorial que nos lleva de Colombia hasta Kenia es tanta, que pareciera que los dos países no tienen nada que ver. Pero, no sólo les hemos tomado prestado los tambores, el color de la piel y los tubérculos. No es tampoco únicamente su economía emergente de la que dependen otros países de África, ni el conflicto que se genera con la extracción de recursos naturales lo que nos pone en posición similar. A este país africano nos acerca un enorme listado de asuntos en el que, por ahora, habría que destacar la Constitución Política y el rol de la rama judicial.

En el pasado, los países del Sur mirábamos hacia el Norte para buscar respuestas a nuestros problemas jurídicos y de gobernabilidad. Estados Unidos y Europa eran considerados los estándares en redacción de constituciones, enmiendas y derechos humanos. Los gobiernos latinoamericanos, asiáticos y africanos los emulábamos. Pero los tiempos han cambiado. Las secuelas de los modelos de desarrollo de la colonización y la industrialización, así como la violencia que resulta de la desigualdad estructural representan una mayor fuente de conocimiento para naciones como las nuestras que ponen a prueba sus democracias e implementan sus constituciones. La visita de siete jueces keniatas a Bogotá en febrero pasado es prueba de ello. Un intercambio judicial de constitucionalismo social y derechos humanos que muestra cómo los vientos de la influencia del conocimiento y la experiencia han comenzado a soplar en diferentes direcciones.

Los jueces de la Alta Corte de Kenia llegaron a Colombia con preguntas sobre cómo ganarse y mantener la legitimidad judicial de cara a la ciudadanía. También querían saber cómo garantizar e implementar decisiones sobre derechos sociales y económicos consagrados en su recién aprobada Constitución y cómo traducir las promesas constitucionales en mejores oportunidades para los millones de kenianos que han puesto sus esperanzas en un mejor futuro.

Los magistrados colombianos, con más de 20 años de conocimiento acumulado, pudieron ofrecer luces a sus colegas de Kenia. Gracias a decisiones constitucionales tan difíciles como acertadas, tales como la T-025 de 2005 que protegió los derechos de millones de víctimas del desplazamiento y la que declaró inconstitucionales las pretensiones uribistas de perpetuarse en el poder, la rama judicial colombiana sacó pecho. Demostró que sabe lo que es intentar conciliar y lograr compromisos garantistas en un país que también está dividido y arrasado por la violencia y por las desigualdades.

Pero una diferencia sustancial se perfila entre los representantes de ambas ramas judiciales. Los jueces de Kenia, incluido su presidente, son un grupo articulado de juristas experimentados elegidos hace dos años como resultado de un concurso público televisado, recomendaciones de una comisión judicial e intervención presidencial. Un grupo que entiende el peso de su recientemente adquirida responsabilidad como miembros del sistema judicial keniata, en tiempos de una nueva Constitución que se espera apuntale un gobierno representativo y transparente. Saben que la rama judicial se percibe como una válvula de escape para los altamente volátiles conflictos sociales y políticos que su país enfrenta y esperan que sus decisiones sean vistas como justas y efectivas en la solución de los problemas.

Muchos jueces colombianos, en cambio, han dado muestras de que el peso de su responsabilidad les es ajeno. Y para que no se nos olvide, podemos empezar la lista de muestras con el intento de reforma a la justicia del año pasado, que con la aquiescencia y el impulso judicial, pretendió meternos los dedos a la boca. Podemos también seguir con la titánica lucha de los magistrados por auto-otorgarse las mejores pensiones del sistema y dejar por ahora en el carrusel de los cuatro expresidentes de la Corte Suprema que consiguieron reciclarse en el Consejo Superior de la Judicatura.

El pasado 4 de marzo fueron las elecciones en Kenia. Ejercicio particularmente difícil por varias razones: Se trató de las primeras elecciones desde que hace cinco años, por la insatisfacción con los resultados electorales, murieran asesinados más de 1000 keniatas entre las tribus Kikuyu y Kalenjin. Los comicios ponen a prueba la reciente Constitución de 2010 y el rol judicial, pues, entre otras, el perdedor en las elecciones ya anunció demandas ante la Corte Suprema. Es además la primera vez que el candidato ganador y nuevo presidente, Uhuru Kenyatta, junto con su vicepresidente, William Ruto, serán juzgados por la Corte Penal Internacional precisamente por los crímenes a la humanidad de las pasadas elecciones.

Sin embargo, ante una ciudadanía que alegaba que cualquier acción de la Corte Penal Internacional (CPI) era una intervención extranjera que minaba la soberanía nacional, el sistema judicial ha encarnado la válvula de escape que pregona la propia Constitución. Los mismos jueces que visitaron Colombia se plegaron a la importancia de la CPI, pues la rendición de cuentas ante las cortes nacionales antecesoras dio muestras de no ser suficiente. Y el admirado Presidente del sistema judicial keniata, Willy Mutunga, ha insistido en que la CPI no es una Corte extranjera sino parte del sistema judicial de Kenia.

Ahora que en Colombia y en nuestra región suenan cantos de sirena contra la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haríamos bien en aprender de los keniatas esta otra lección de legitimidad y democracia.