Cristina usa las instituciones del Estado para acallar a sus críticos a través de amenazas fiscales, se alía con personajes de derecha y hace negocios con quienes se enriquecen ilícitamente, ataca a las cortes que intentan investigar sus múltiples acusaciones de corrupción, reparte con discrecionalidad dinero público a los medios de comunicación que le hacen propaganda. Sus defensores lo niegan todo como mentiras o distorsiones de la oposición, que es llamada con frecuencia golpista. O lo defienden como necesario para que avance el “proyecto nacional y popular” —nac&pop, como fue bautizado en tanto que emblema cultural—.

Así, Argentina enfrenta niveles de polarización sólo vistos antes en tiempos de Perón. Pero mientras que entonces la polarización pareció rendir frutos en materia de incorporación de las clases populares a través de la notoria ampliación de la cobertura y calidad de servicios sociales, los resultados concretos del gobierno de Cristina no son claros, especialmente en los últimos años.

En un contexto de alta inflación, rápido aumento de la desigualdad y la pobreza y deterioro de los servicios públicos, la única medida social importante que Cristina tiene para mostrar es la asignación universal por hijo, una medida que fue promovida por la oposición, que existe ya en muchos países de América Latina (en Colombia, como “familias en acción”) y que además está siendo devorada por la inflación.

Si bien las medidas sociales escasean, los gobiernos Kirchner se han caracterizado por promover una activa agenda de derechos humanos, que le ha valido reconocimiento hasta de sus opositores. El corazón de la agenda ha sido la reapertura de los juicios contra los represores de la dictadura de 1976-1983 que detuvieron ilegalmente, torturaron y desaparecieron a decenas de miles de personas. Los juicios fueron abiertos por el presidente
Alfonsín en la transición democrática, pero las presiones de los militares forzaron su suspensión y luego su terminación con indultos bajo el gobierno de Menem. Así, pues, la reapertura de los juicios ha sido presentada como el mejor ejemplo de que los gobiernos K constituyen una ruptura con el pasado de autoritarismo y un compromiso inquebrantable con las víctimas.
Pero ese compromiso también quedó en duda con la reciente decisión de Cristina de promover el nombramiento como jefe del ejército de César Milani, un militar que pertenecía a un batallón de la provincia de La Rioja que fue el centro de represión ilegal de la región bajo la dictadura. Milani es sospechado de haber participado directamente en actos de represión —varias denuncias recientes se hicieron en su contra— y su nombramiento es criticable incluso de no haberlo hecho, pues fue parte, sin criticarla, de una institución que llevó a cabo múltiples detenciones y desapariciones.

A pesar de las críticas que recibió por ello, incluso entre quienes usualmente la apoyan, Cristina se mantuvo en su decisión. Al parecer, esta va acompañada de un aumento de las funciones y el presupuesto del ejército para que desarrolle labores de inteligencia —según dice la oposición, en su contra—. Estas medidas pueden tener graves consecuencias en un país en donde los militares se han caracterizado a lo largo de la historia por usar su poder en contravía de la democracia.

Esto muestra que a Cristina cada vez le quedan menos ejemplos para insistir en que el suyo es un gobierno democrático, por más que así lo sugiera el eslogan nac&pop.