La formulación de políticas públicas cuya responsabilidad principal ?pero no exclusiva? corresponde al gobierno, debe mirar los escenarios que con la misma se puedan ver afectados positiva o negativamente. Además de responder a una demanda puntual, una cierta política puede producir efectos laterales a veces tan complicados, que obligan a examinar el contenido general de la misma. Particularmente son sensibles a esta situación aquellas políticas públicas que de alguna manera toquen el actual proceso de desmovilización y reinserción. Hay dos ejemplos sobre los que quisiera llamar la atención para ilustrar la tesis.

El primero de ellos es la política de lucha contra la impunidad. Paralelamente al inicio del proceso de desmovilización y reinserción, el gobierno nacional le dio un impulso importante a esta política, con el apoyo de la comunidad internacional ?particularmente de los Países Bajos?, que llevó incluso a la formulación de un documento Conpes expedido el 22 de noviembre de 2005 mediante el cual se adopta la ?Política pública de lucha contra la impunidad por violaciones a los DD. HH, e infracciones al DIH, a través del fortalecimiento de la capacidad del Estado colombiano para investigación, juzgamiento y sanción?.

Es clara la interferencia que sufrió esta política regular, con la ?política de transición? que llevó al Congreso, por iniciativa del gobierno, a expedir la llamada ley de justicia y paz ?Ley 975 de 2005?, reglamentada luego a través de varios decretos expedidos por el mismo gobierno ?Decretos 4760 de 2005 y 3391 de 2006, principalmente?. Incluso, se puede decir que aquella hizo aguas, merced a la fuerza que adquirió la política de transición que abiertamente cede ante la lucha contra la impunidad, a cambio de buscar otro tipo de beneficios.

Nadie refiere ahora aquel documento Conpes como la materialización institucional de la política de lucha contra la impunidad, pues esta noción se ha visto absorbida por el escenario de la justicia transicional. Creo que esto no es un juicio, sino un dato ya consolidado.

Algo semejante puede estar a punto de ocurrir ?y este es el segundo ejemplo? con ocasión del impulso que el gobierno nacional le viene dando a la política pública en materia agraria. Al margen de cualquier consideración en materia de desmovilización y reinserción, ya se encuentra con informe de ponencia para segundo debate de Senado, el proyecto de ley presentado al Congreso ?por el cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural (EDR)? y se reforma la institución encargada de ejecutar la política del gobierno sobre tierras ?el Incoder?.

No se necesita mucho esfuerzo para hacer notar la manera como esta ley ?en caso de ser aprobada? puede interferir notoriamente en la ?política de transición? que se ejecuta actualmente, pues en el corazón de la violencia política colombiana se encuentra la disputa por la tierra. Los analistas ?historiadores, economistas, politólogos, sociólogos, etc.? coinciden en señalar la estrecha relación existente entre el conflicto armado interno, el narcotráfico y la tierra. Sin que, al parecer, sea suficientemente consciente de ello, el gobierno ha puesto en marcha una política regular que toca el difícil problema de la tierra, insistiendo en mantener un paralelismo con la política ya trazada sobre el tema en el marco del proceso transicional que se adelanta con los paramilitares.

Las alarmas sobre el contenido del EDR las han activado las organizaciones sociales que representan las víctimas, e incluso la Procuraduría General de la Nación (PGN), organismo de control que realizó una serie de observaciones al proyecto y de las cuales hizo eco la prensa. De ellas se destaca la relacionada con el modelo que se define en el proyecto el cual, según la PGN, ?margina en la práctica al pequeño campesino, a las minorías étnicas del país y a la población desplazada, del goce efectivo del acceso a la tierra y la obtención de subsidios para proyectos productivos y adecuación de tierras?.

El espacio no da para un análisis, siquiera por muestreo, de cada una de las observaciones que se vienen haciendo al proyecto del gobierno, ni de las respuestas que el Ministro de Agricultura ha dado a las mismas. Por ahora, simplemente se debe llamar la atención sobre lo siguiente: el gobierno debe ser consciente de que cualquier propuesta de reforma agraria ?como política regular de los próximos cuatro años?, en este momento debe tomar en consideración de que la parte del león en el proceso con los paramilitares ?política transicional? se encuentra asociada, nuevamente, al problema de la tenencia de la tierra, como que son muchas las víctimas que han padecido su despojo violento.