En estos momentos la Fiscalía analiza si concederle el principio de oportunidad a los Nule. La lógica es que ellos canten a cambio de que los perdonen. Pero si se los otorgan, la Fiscalía empezaría a prostituir el mecanismo.

El famoso principio es un instrumento que le permite a la Fiscalía decidir no perseguir a los autores de crímenes por razones de política criminal. Uno de los motivos por los que se puede aplicar es que los partícipes de delitos delaten a otras personas responsables. Si la Fiscalía acepta, los Nule darían información y la acción penal en su contra dejaría de existir.

Sin embargo, para coger al pez gordo la ley también establece otros incentivos. La aceptación de cargos o el acuerdo con la Fiscalía permiten que la persona procesada delate a sus socios y en consecuencia su condena resulte en una sanción más suave.

Simplificando, con el principio de oportunidad el sapo sale sin condena y libre; mientras que con la aceptación de cargos o el acuerdo, sale condenado, aunque con una sanción más favorable.

¿Cuál escoger para los Nule? El principio de oportunidad requiere para su aplicación de un análisis costo–beneficio caso por caso. Debe tener en cuenta, entre otros factores, la gravedad de la conducta, los daños causados, la probabilidad de investigar y condenar al responsable exitosamente, su nivel de participación y el tamaño del pez gordo al que se delataría. No es que la nueva administración de la Fiscalía ignore esto. El actual Vicefiscal escribió un libro acerca del principio de oportunidad. Y el Director Nacional de Fiscalías diseñó un manual acerca del mismo. Pero inevitablemente, los criterios para realizar el análisis acaban dependiendo de una valoración política (en el buen sentido de la palabra).

Y un criterio político apenas obvio es el siguiente: el principio debería aplicarse a los criminales de rango bajo o medio que pueden dar suficiente información para meter a prisión a los de rango alto. Pero los Nule parecen haber sido parte de la cabeza de una organización que funcionaba a través de estafas, sobornos y falsedades, en detrimento de la ciudad y del país. A juzgar por lo que se ha publicado sobre ellos, tienen un nivel alto de responsabilidad en la confabulación de estos crímenes. Aunque delataran a senadores, alcaldes, o exministros, no sería razonable que quedaran sin condena.

Esto reflejaría que la Fiscalía no logra reunir suficientes pruebas para llevar a los Nule a juicio, y por ende, que no puede presionarlos para aceptar cargos y conseguir acuerdos que involucren su condena. Sería una medida de su debilidad.