LA INICIATIVA DE HACER UN REFErendo que imponga prisión perpetua para ciertos crímenes contra los niños y niñas no sólo es inconstitucional, como lo mostré en mi anterior columna, sino que además es una propuesta sin ningún sustento.

Todos queremos proteger a los niños de la violencia y esperamos que los crímenes contra ellos sean adecuadamente castigados. A muchos puede parecerles entonces que la cadena perpetua es la solución, sobre todo cuando se evoca la posibilidad de que pueda quedar libre Luis Alfredo Garavito.

Pero lo cierto es que esa pena no podría nunca ser aplicada a Garavito, pues sería una sanción retroactiva. Y estamos hablando de reformar la Constitución para introducir la cadena perpetua, que es un cambio profundo. Uno esperaría entonces que quienes defienden la iniciativa muestren que la prisión perpetua es necesaria para prevenir y castigar esos crímenes. O al menos que ofrezcan argumentos serios en esa dirección. Pero no ha sido así.

Como creo en la discusión racional y estoy dispuesto a que me convenzan, estudié la exposición de motivos y la ponencia para primer debate del proyecto de cadena perpetua (Gacetas del Congreso 1001 y 1099 de 2010 respectivamente).

Los dos textos son largos y tienen una estructura semejante: relatan la recolección de firmas y transcriben el comunicado de la Sentencia C-397 de 2010, que declaró la inconstitucionalidad de la anterior iniciativa; luego describen la intensidad de la violencia contra los niños en Colombia y presentan casos de indudable dramatismo, acompañados incluso de fotos. Señalan además que muchos de esos crímenes están impunes y que los derechos de los menores prevalecen. Hacen un ejercicio de derecho comparado, para recordar que en ciertos países se admite la cadena perpetua para ciertos crímenes contra niños y terminan describiendo las posibles secuelas de estos delitos.

No hay realmente en la ponencia ningún argumento serio de política criminal sobre la conveniencia de la medida. Sólo hay algunas breves referencias, pero muy generales y sin ningún sustento, sobre los posibles efectos disuasivos que tendría la cadena perpetua y que su aprobación mostraría el valor que los colombianos atribuimos a la protección de los niños.

Estas justificaciones son muy pobres para hacer algo tan drástico como es reformar la Constitución para introducir la cadena perpetua. Las ponencias son esencialmente un lamento (obviamente justificado) sobre la crueldad que soportan los niños colombianos. Pero eso no basta para lograr una buena política criminal, esto es, una estrategia que realmente prevenga esos crímenes y reduzca su impunidad.

Estamos pues en una clásica fuga al punitivismo, que cree que la solución a los problemas de criminalidad es el aumento drástico de las penas. Estas medidas suelen ser populares, pero su eficacia es pobre y tienden a agravar muchos problemas, como el hacinamiento carcelario.

Varios estudios, como los realizados por Daniel Nagin (ver su texto de 2010 sobre el posible efecto disuasivo del encarcelamiento), han mostrado que para reducir la criminalidad es preferible esforzarse por aumentar la eficacia de la investigación criminal, en vez de subir precipitadamente las penas. Es mejor entonces perfeccionar la investigación de esos crímenes para reducir su impunidad, en vez de plantear la cadena perpetua.

Esta iniciativa de referendo puede ser popular, pero no logra una mejor protección de los niños y las niñas. Y la cadena perpetua tendría en cambio efectos graves sobre la coherencia del sistema penal. No es, entonces, una buena iniciativa de política criminal, sino una forma irresponsable de populismo y demagogia punitiva.