El argumento de la demanda, apoyado por Dejusticia, es que el Congreso, al expedir el código de policía, incurrió en un vicio de inconstitucionalidad porque reguló a través de un trámite equivocado la protesta social. La Constitución ordena que los derechos fundamentales sean regulados a través de ley estatutaria y no a través de ley ordinaria. Dado que la protesta social es un derecho fundamental, su regulación debió seguir el procedimiento de ley estatutaria y no el de ley ordinaria, que fue el seguido por el Congreso en la adopción de la Ley 1801 de 2016. Por este motivo, Dejusticia le solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de las normas del código de policía que regulan la protesta social. En este mismo sentido, le advirtió a la Corte que debía señalar algunos lineamientos que guiaran el ejercicio de este derecho mientras que el Congreso tramita una regulación del derecho a la protesta social a través del camino correcto, esto es, a través de una ley estatutaria. Con esta petición se evita que reviva la regulación de la protesta social contenida en el antiguo código de policía, regulación que contraviene los mandatos de la Constitución de 1991.

Asimismo, Dejusticia le pidió a la Corte no solo analizar la constitucionalidad de los artículos 53, 54 y 55 del Código de Policía, los cuales fueron demandados, sino también la constitucionalidad de los artículos 56 y 57, pues estos, aunque no fueron demandados, están íntimamente relacionados con las disposiciones acusadas al regular también el derecho fundamental a la protesta social pacífica.

Download files here

• Intervention