En nuestro criterio, la norma adolece de una omisión legislativa relativa pues no contempla la exención del impuesto al consumo para los alimentos por contrato celebrados con recursos públicos y destinados a los programas de asistencia social. Consideramos que el legislador tributario desconoció los mandatos de igualdad y acceso a los bienes y servicios básicos establecidos en la Constitución (arts. 13 y 334), al gravar con el impuesto al consumo a este tipo de bienes que hacen parte de los programas de asistencia social, pues los equipara a otros bienes suntuarios.

En virtud del desconocimiento de esos mandatos constitucionales, la garantía del principio de conservación del derecho y en razón de cómo el legislador ha definido la forma como se regulan las exenciones de impuestos (taxativa y exhaustiva), le solicitamos a la Corte Constitucional que profiriera una sentencia aditiva en el entendido de que se excluyera del impuesto al consumo a los alimentos por contrato celebrados por autoridades públicas para atender programas de asistencia social.

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