Dejusticia intervino en una demanda que buscaba la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos del Código de Minas (Ley 685 de 2001). La demanda se enfocaba en mostrar cómo el procedimiento mediante el cual se otorgan títulos mineros, que se guía por el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho” desconoce varios principios y derechos constitucionales, como la primacía del interés general, el fin del bien común que debe guiar la intervención estatal en la economía y la inversión privada, el principio de igualdad, los derechos de generaciones futuras, y el derecho a la participación ciudadana (entre otros).

La intervención que presentamos se enfocó en desarrollar dos argumentos. En primer lugar, sostuvimos que la ausencia de un proceso de selección objetiva es inconstitucional por desconocer la primacía del interés general, los límites del bien común en la actividad económica y la iniciativa privada y el deber del Estado de manejar y aprovechar los recursos naturales garantizando su desarrollo sostenible y de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Por ello, proponemos que el procedimiento de otorgamiento de títulos mineros se guíe por los principios de selección objetiva. En este punto también traemos a colación el hecho de que el mismo gobierno reconoció las falencias del procedimiento actual y decidió modificarlo para el otorgamiento de títulos en Áreas Estratégicas Mineras. 

En segundo lugar, sostuvimos que el procedimiento demandado desconocía el derecho a la participación ciudadana que en este caso es de especial relevancia por tratarse de una decisión  relacionada con el medio ambiente. Para desarrollar este argumento, profundizamos en el significado y el alcance del derecho a la participación en este tipo de decisiones y estudiamos la forma en que el procedimiento demandado lo desconoce. 

Finalmente, hicimos una propuesta de un procedimiento de selección objetiva para el otorgamiento de títulos mineros, en donde se garantice la participación de las comunidades y de las entidades territoriales afectadas por la decisión

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