The national government geographically isolated Chocó

We intervened to support a tutela that requires the government to pave the Quibdó-Medellín and Quibdó-Pereira roads: a promise that has historically been unfulfilled.

The Quibdó-Medellín road is 123 kilometers long and about half of it is unpaved. The route takes about six hours, while a road like Bogota-Neiva, which is more than twice as long (292 km), can be crossed in about 5 hours and a half. And the other route that communicates this department with the rest of the country, Quibdó-Pereira, is in similar conditions.

 

El Chocó está aislado geográficamente, lo que ha profundizado su situación de pobreza. La economía de este departamento está basada en servicios y materias primas, como las maderas y los minerales metalíferos, y el turismo que cada año tiene más importancia; y para estas actividades es fundamental la movilidad. Pero también, para acceder a hospitales, colegios y otros mercados. La infraestructura de transporte está estrechamente relacionada con el desarrollo económico y social de una región.

Esta problemática fue una las principales motivaciones de los paros cívicos que protagonizaron los chocoanos en el 2016 (entre el 17 y el 24 de agosto) y este año (del 10 al 27 de mayo). En el acuerdo que firmaron el año pasado los miembros del paro y el Gobierno, para cesar las manifestaciones, este último se comprometió a invertir 720.000 millones de pesos en la pavimentación de los 70 kilómetros que hacían falta en ambas carreteras.

“El proceso se iniciará inmediatamente, con la aprobación del CONPES y CONFIS y se harán todos los esfuerzos para que las respectivas licitaciones se abran en el menor tiempo posible”, señalaba el acta. Pero el acuerdo no se cumplió. Y ese incumplimiento llevó al procurador judicial administrativo, Nelson Mario Mejía, a interponer una acción de tutela en representación de tres miembros del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó (Dilon Martínez, Antonio Andrade y Jorge Salgado) para que un juez le ordenara al Gobierno cumplir con lo pactado.

Dejusticia presentó una intervención en apoyo a esta tutela, argumentando que el aislamiento geográfico del Chocó, debido a la a la falta de infraestructura que lo comuniquen con el resto del país, no solo representa obstáculos para desarrollo económico de la región, sino que contribuye a la vulneración de diferentes derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores.

No es entonces casualidad que el Chocó sea uno de los departamentos más rezagados del país: según el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) el 79% de la población chocoana carece de alguna de ellas (vivienda, servicios públicos, educación, hacinamiento y dependencia económica), sólo el 65% de las viviendas cuentan con energía eléctrica y el 19,1% con teléfono, y la tasa de analfabetismo casi triplica el promedio nacional, alcanzando un 20.9%.

En nuestra intervención, pedimos que se ordenen las medidas que hagan falta para hacer valer el pacto suscrito entre el Comité Cívico y el Gobierno. Y además, solicitamos que se advierta al Gobierno Nacional que los acuerdos que suscriban con representantes cívicos y líderes sociales, en procesos de negociación que den lugar a la disolución de protestas sociales, deben ser respetados y cumplidos de acuerdo al principio constitucional de la buena fe. Ahora estamos a la espera que la Corte Constitucional seleccione la tutela para estudiar de fondo la problemática

 


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