Six months ago, Congress, via fast track, approved the Special Jurisdiction for Peace (JEP). This reform (Legislative Act 1 of 2017) transitorily introduced essential mechanisms for the political transition from war to peace to the Constitution of 1991. These changes, agreed in the Government’s Final Agreement with the FARC-EP, include: the Search Unit for Missing Persons (UBPD), the Truth Commission (CEV) and the JEP.

Desde ese momento esa norma está vigente y comenzó a tener efectos concretos. Por ejemplo, se creó un Comité de Escogencia que está realizando la selección de los magistrados de la JEP. Sin embargo, no hay plena certeza jurídica sobre su contenido. Y esa parte, que le corresponde a la Corte Constitucional, continúa en estudio. Todos seguimos esperando el fallo del Alto Tribunal.

Para llegar a ese fallo, la Corte escuchó la opinión de instituciones y organizaciones de la sociedad civil a través de una audiencia pública celebrada el 5 de julio. César Rodríguez y Rodrigo Uprimny, investigadores de Dejusticia, hicieron un llamado a la aprobación de esta reforma.

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Adicionalmente, nuestra organización presentó una intervención escrita a la Corte, en la que argumentó que se trata de una reforma plenamente compatible con nuestra constitución y que contempla de manera integral la justicia transicional. En la intervención, además, se solicitaron algunos ajustes a los requisitos para ser magistrado o magistrada de la JEP (Art. 7), a la competencia de esta jurisdicción para procesar a terceros civiles que participaron en el conflicto (Art. 16) y a la figura de la responsabilidad de mando (Art. 24).

Mientras la Corte Constitucional seguía en su estudio, el Gobierno radicó en agosto en el Congreso una Ley Estatutaria para definir las reglas de juego bajo las cuales funcionará la JEP. El 11 de septiembre también se realizó una audiencia pública en el Congreso, donde diversos sectores sociales dieron sus puntos de vista en este debate: la mayoría apoyó el contenido de la propuesta. Rodrigo Uprimny destacó la importancia de este sistema judicial especial, único en el mundo, porque por primera vez las dos partes negociantes se impusieron a sí mismas la obligación de acudir a un tribunal a rendir cuentas de lo ocurrido en el conflicto.

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Tuvieron que pasar casi dos meses para que el Congreso citara al primer debate, que se realizará este 26 de septiembre. Y la Corte Constitucional sigue sin pronunciarse. Esta espera para que se consolide la que ha sido considerada la columna vertebral del Acuerdo de Paz, genera mucha incertidumbre e inseguridad jurídica, que no le hace bien a la implementación del Acuerdo.

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