EN TRES MESES, ESTE GOBIERNO HA hecho más por enfrentar la crisis de la salud que lo que hizo el de Uribe durante ocho años.

Así lo muestra el proyecto de ley presentado ante el Congreso, que busca resucitar el moribundo sistema de salud.

Pero el proyecto deja intacta una profunda herida por la que se puede seguir desangrando el paciente: el costo exorbitante de los medicamentos. De acuerdo con un estudio de Health Action International que comparó el precio de un antibiótico común en 93 países, Colombia es el campeón mundial de la carestía de las medicinas. Según lo han documentado la Federación Médica Colombiana (FMC), Ifarma y Misión Salud, parte del descalabro financiero del sistema se debe al precio astronómico de un puñado de medicamentos de marca, disparado a niveles inauditos por las EPS y otros intermediarios que los recobran al Estado. Como lo dice la FMC, este es el “síndrome de inmunodeficiencia recobrante”, el sida que carcome el sistema.

Al ponerles coto a las tutelas y reemplazarlas con un POS actualizado y unos comités técnicos, el Gobierno ataca un flanco del síndrome. Pero tiene pendiente el tratamiento de la otra causa: los altísimos precios de los medicamentos que pagan los pacientes y el Estado.

Así que, a menos de que el Gobierno le haga cirugía al régimen de precios y las demás gabelas que su antecesor otorgó a la industria farmacéutica, la reforma servirá apenas para tratar los síntomas. Mejor dicho: sería como tratar el sida con ibuprofeno.

El tema es complejo y tiende a ser cuestión de expertos. Habrá entonces que dedicarle varias columnas y comenzar aquí apenas con una lista telegráfica de los principales líos:

1) La raíz del problema es el régimen de libertad de precios decretado por la administración Uribe en 2006, con base en un estudio financiado por las mismas compañías farmacéuticas. Desde entonces, a pesar de los precios exorbitantes, sólo un medicamento ha sido puesto en el régimen de libertad regulada, y ninguno en la lista de control directo.

2) Como lo muestra un sesudo artículo de Francisco Rossi -director de la Fundación Ifarma- la industria farmacéutica ha hecho fiestas con la desregulación de precios. Además de los acostumbrados patrocinios a congresos de asociaciones médicas, ha promovido sus productos mediante la “financiación de asociaciones de enfermos, financiación de oficinas especializadas en tutelas, y muy particularmente, una campaña por desacreditar los (medicamentos) genéricos, en la medida en que en los recobros pudiera facturarse el producto de marca”.

3) Para tapar todo esto, los beneficiados y el pasado Gobierno tendieron un manto de secreto sobre el tema. Increíblemente -y en contravía de la Constitución- el Gobierno se negaba a revelar los precios a los que pagaba los medicamentos. Finalmente lo hizo a mediados de año, obligado por una tutela de la FMC, a la que se opuso Afidro (la asociación de farmacéuticas multinacionales). Además, los actores del sistema de salud (EPS, farmacéuticas, hospitales, etc.) le vienen sacando el cuerpo a la obligación de reportar esta información. Según El Tiempo, sólo lo han hecho 164 de las 728 entidades obligadas.

El Gobierno tiene a la mano las soluciones a semejante carrusel de privilegios y secretos. Ni siquiera necesitaría un nuevo proyecto de ley. Podría simplemente derogar las reglas de libertad de precios de 2006 y reemplazarlas por otras de sentido común y beneficio público, incluyendo medidas que en países como Brasil han mostrado su eficacia: negociaciones de medicamentos en grandes cantidades a precios favorables, importaciones paralelas de medicinas, licencias obligatorias y control de precios en casos especiales, todo aplicado mediante un sistema de vigilancia transparente y eficaz.

El Gobierno tiene con qué y con quién detener la hemorragia. Confiémos en que pronto lo haga.