EN COLOMBIA, LA IGLESIA Y EL ES-tado se encuentran separados. Eso en teoría, porque en la práctica, cada vez tenemos más políticos que se comportan como sacerdotes, empezando por el Presidente y el Procurador.

¿Qué hacer frente a la invasión de esos políticos-sacerdotes? ¿Confrontar sus argumentos con la esperanza de que la cordura y las buenas razones decidan el resultado de la discusión? Yo creía en eso, pero cada vez creo menos. Siempre nos van a decir, por ejemplo, que somos unos cómplices de asesinos porque defendemos el derecho de las mujeres a abortar, o que acolitamos la perversión de la juventud porque defendemos el derecho a consumir droga. Así no se puede armar un debate serio. Discutir asuntos sociales con alguien que nunca abandona su punto de vista religioso —no todos los creyentes son así—, es tan difícil como discutir del horóscopo con un físico cuántico.

Pero el problema no es sólo de ellos, también es nuestro y eso debido a que no tenemos una estrategia política adecuada. Me explico.

Durante las últimas décadas los políticos religiosos han trabajado intensamente por defender sus convicciones. Se han unido, han hecho lobby, han creado canales de televisión, partidos políticos, universidades y centros de pensamiento. Los no creyentes, en cambio, nos hemos limitado a defender, cada uno por su lado, la libertad y la tolerancia, bajo la creencia ingenua de que los buenos argumentos se defienden solos y de que la militancia es una actitud que choca con la duda.

Ateos y agnósticos creemos por igual que una sociedad está mejor preparada para defender la dignidad del ser humano cuando no está gobernada por dioses y sacerdotes. Sin embargo, el pudor propio de nuestro escepticismo religioso nos impide reivindicar de manera clara y enfática nuestras convicciones y ello a pesar de que la Constitución que nos gobierna está inspirada en ese escepticismo moral y religioso que viene de la Ilustración del siglo XVIII.

Yo estaría tranquilo —y lo estaba hasta hace muy poco— si no viera cómo las iglesias, apalancadas en la libertad religiosa, hacen todo lo posible por minar esas bases escépticas de nuestro ordenamiento legal.

Así como debemos reivindicar el valor moral y social de la duda, también debemos defender aquellos pocos espacios en los cuales la ciencia, la racionalidad y la universalidad tienen cabida. Paradójicamente, cuando se trata de estos valores universales, los políticos-sacerdotes se convierten en escépticos engañosos: relativizan todo el conocimiento humano, incluso el de la ciencia —la evolución de las especies es una simple teoría y no está probado que el condón proteja contra el sida— y luego reconvierten toda esa incertidumbre en certezas de fe. Como la ciencia no dice nada seguro —según ellos—, la única manera de enfrentar la duda es a través de la verdad religiosa. Así las cosas, no tiene nada de raro que la prosperidad de las religiones parezca algo inversamente proporcional a la prosperidad del conocimiento (el 94% de los científicos de la American National Academy of Science se declara no creyentes, mientras que se sabe que la Iglesia católica sólo progresa en los países más pobres del África).

Por muchos años fui un escéptico respetuoso y pasivo, pero últimamente, cuando las bases laicas de nuestra sociedad y de nuestro derecho están en peligro, creo que hay que adoptar un escepticismo militante. Los irrespetuosos no se merecen tanto respeto, ni los intolerantes tanta tolerancia.