Expresamos también nuestro apoyo a las legítimas reclamaciones de las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras que se adelantan en el marco de la Ley 1448 de 2011 y los Decretos ley 4633 y 4635 de 2011. A pesar de sus limitaciones, la política de restitución de tierras y derechos territoriales representa un avance importante del Estado colombiano hacia la garantía de los derechos de las víctimas y constituye un acto de justicia con ellas, razones por las cuales debe continuar.

Son conocidos los múltiples obstáculos, dificultades y fallas que se han presentado en la implementación de dicha política, pero  también es necesario resaltar las múltiples medidas, diagnósticos y recomendaciones que propenden por superar tales fallas, algunas de las cuales han sido recogidas en directrices o medidas de las entidades competentes. Avanzar en estos ajustes resulta fundamental a fin de preservar los objetivos de la política de restitución de tierras y derechos territoriales, garantizando en últimas la reparación integral y transformadora de quienes, en este caso, han sido víctimas de despojo y abandono forzado. En consecuencia, antes que una oposición frontal que conduzca a abandonar la política, la discusión pública debe insistir en proponer su mejora y asegurar la sostenibilidad de la reparación integral a las víctimas.

Por otro lado, es indispensable reconocer la problemática social de los actuales ocupantes de los predios –segundos ocupantes- con la complejidad que nuestro contexto requiere, partiendo de la comprensión de un universo heterogéneo de segundos ocupantes. Este incluye no solo un sector de la población que requiere medidas especiales de protección por parte del Estado, conforme al artículo 13 constitucional y los Principios Pinheiro, sino también otros sectores y sujetos en condiciones diferentes.

Por lo anterior, hacemos un llamado a evitar la generalización infundada de las críticas a la política de restitución. De esta forma, se evita también la revictimización de quienes reclaman legítimamente las tierras abandonas y/o despojadas, así como de los segundos ocupantes de buena fe. En lugar de ello, proponemos la urgente intervención del Estado con políticas sociales que fortalezcan los escenarios territoriales para la reconciliación. A la fecha, varios Jueces y Magistrados de restitución de tierras han ordenado a autoridades locales y nacionales, importantes medidas de atención, especialmente en aquellos casos donde los ocupantes secundarios no lograron demostrar la buena fe exenta de culpa exigida en la ley. Lo anterior, con el fin de evitar que las condiciones especiales de vulnerabilidad e indefensión de esta población se vean agravadas con la implementación de las sentencias.

 Resaltamos, finalmente, la necesidad de promover desde el Estado y la sociedad civil debates técnicos e informados, que aporten a la construcción de la paz y el avance de la justicia, así como el respeto de la independencia de jueces y magistrados que han cumplido su labor de proteger los derechos de las víctimas.

Organizaciones firmantes

Casa de la Mujer
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – DEJUSTICIA
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
Corporación Jurídica Yira Castro
Fundación Forjando Futuros
Observatorio de Restitución de Tierras de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes
Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria
Observatorio Tierra y Derechos del Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz – CINEP
Oxfam Intermon