Con los análisis de fin de año Y los propósitos de 2013 se reitera desde varios medios la crisis de las grandes potencias. Los periódicos de otras latitudes alegan que los europeos quieren olvidar 2012 y prepararse para enfrentar la realidad del año que comienzan. Anuncian el tijeretazo a las cuentas públicas portuguesas, el arreglito temporal al precipicio fiscal gringo y la nueva propuesta a la caída de la reforma tributaria de Hollande en Francia.

España, por supuesto, lidera este grupo y una vez más propone recortes a sus gastos sociales para ajustar su economía. Sin embargo, su gasto público en protección social ha sido uno de los más bajos de la Unión Europea. Según un reciente informe del centro de estudios gubernamental francés Cepremap, España es el país (después de Luxemburgo) que menos porcentaje del PIB destina a gasto social (24,5%). Como el gasto social apoya al que menos tiene, es probable que restringirlo incida negativamente en materia de igualdad. Casualmente en este tema España está de última entre los quince de la Unión Europea. Pero eso sí, las mayores rentas siguen disparadas: en la clasificación Bloomberg de los más ricos del mundo, Amancio Ortega, dueño del emporio español conocido como Zara, es el millonario que más aumentó su fortuna en términos absolutos en 2012.
Si bien el funcionamiento de la economía tiene muchas aristas, suena extraño que con un crecimiento de grandes fortunas, una desigualdad rampante y un gasto social bajo, las medidas para resolver la crisis se orienten principalmente hacia el recorte del Estado de bienestar. Pareciera que la necesidad de austeridad hiciera que los españoles se concentraran en eliminar gastos y eclipsara la opción de mejorar el sistema de ingresos.
Por su parte, Warren Buffet, el tercer hombre más rico según la misma lista Bloomberg, compara sus ingresos con los de su secretaria y propone un tarifa progresiva a las grandes fortunas. No se trata de resolver con ello los problemas económicos, pero sí de contribuir a conjurar las crisis. De manera que en vez de tanta austeridad en los beneficios sociales, pareciera coherente tender a una tributación más progresiva y más focalizada.
Así, habría más posibilidades de que el Estado de bienestar sea sostenible generando capital humano de calidad, que a su vez genera productividad en la economía. De esto dan fe los escandinavos y los alemanes con economías sanas y más de 30% de su PIB dedicado al gasto social. De manera que la solución no parecería estar en atacar el gasto social, sino en inyectarlo. El PNUD ejemplifica estas bondades con programas de países emergentes. En la India, la Ley de garantía del empleo rural costó alrededor de 0,5% del PIB en 2009 y benefició a unos 45 millones de familias, es decir, a una décima parte de la fuerza laboral del país. Los programas Bolsa Familia, en Brasil, y Oportunidades, en México, cuestan alrededor de 0,4% del PIB nacional, pero protegen a casi la quinta parte de la población de cada país.
En Colombia hay crecimiento, pero nuestro gasto social no supera el 15% del PIB, según cifras de la Cepal. Para no tener que vernos a gatas en el futuro, como los españoles, habría que invertir más en lo social y gestionar mejor nuestras tarifas tributarias, como en parte proponía la reforma tributaria. Sin embargo, los congresistas impidieron que se gravaran las pensiones de más de diez millones de pesos, es decir, se negaron a pagar impuestos sobre sus propias pensiones. Y para rematar, el cobro de impuestos a la repartición de dividendos que proponía la reforma, tampoco fue aprobado. ¡Lástima que se haya perdido esa oportunidad de comenzar a prepararnos para las vacas flacas!