A Angélica Bello y a las víctimas del conflicto todavía les debemos reconocimiento y garantía de derechos.
Hace dos semanas falleció Angélica Bello. Una mujer valiente que sufrió la crueldad del conflicto armado y decidió enfrentarla dedicando su vida a luchar por los derechos de las víctimas. Ella fue victimizada en múltiples ocasiones y de diversas formas. Fue desplazada y despojada, sus hijas fu
eron reclutadas forzadamente y una de ellas abusada sexualmente, y luego, ella misma fue también víctima de violencia sexual.

Y a pesar de todo el sufrimiento que esto implicó para ella y su familia, nunca desfalleció. Se mantuvo siempre dispuesta a trabajar por todas aquellas personas que, como ella, han sufrido por la violencia derivada del conflicto armado. Así llegó a convertirse en una de las figuras más representativas del proceso de restitución de derechos que se inició en el país hace algunos años.

Hoy siguen siendo inciertas las causas de su muerte. Pero lo que está claro es que le quedamos debiendo mucho. Como sociedad, le debemos el comprometernos con la construcción de un país en el que las mujeres no vivan teniendo miedo a ser víctimas de violencia sexual, y en el que las personas que lideran procesos sociales no vivan atemorizados por las amenazas.

Ella tuvo que vivir en medio de estos dos temores, y aun así tuvo la fortaleza suficiente para seguir adelante. Pero no deberíamos exigirles a nuestras víctimas esfuerzos heroicos para que puedan vivir su vida. Como país, deberíamos ser capaces de reconocer su sufrimiento y dignidad, así como desarrollar políticas de justicia, verdad y reparación que les garanticen plenamente sus derechos.

Sin embargo, eso también se los debemos. Aunque en los últimos años el Estado ha empezado a hacer esfuerzos presupuestales e institucionales para generar dichos programas, hasta ahora es más lo que está en veremos. No sólo porque algunos sectores se empeñan en desconocer la existencia de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en el país, y por esa vía las desconocen y se niegan a respetarlas, sino porque para las víctimas, la protección y la justicia siguen llegando tarde, en aquellos pocos casos en los que llegan. A Angélica la amenazaron incluso durante su última semana de vida y hasta el día de su muerte, su caso seguía en la impunidad.

Pero tal vez la deuda más grande que tenemos con ella es la de cumplirle su meta de que todas las víctimas reciban atención y acompañamiento sicosocial, para que puedan superar los efectos de la violencia en sus vidas. Este tema, que fue una de sus banderas más importantes, es uno de los que parece haber tenido menos avances en Colombia.

Aunque desde el 2010 la Corte Constitucional (Sentencia T-045) reconoció que las víctimas debían recibir una atención integral en salud con enfoque sicosocial, y le ordenó al Ministerio de la Protección Social diseñar e implementar un programa en la materia, que incluyera enfoques diferenciales y garantizara una cobertura nacional, hasta hoy, dicho programa no existe. Ni el mandato de la Ley de Víctimas, que ordena también asegurar atención sicosocial, ha sido suficiente para que el programa sea finalmente implementado.

Muchos años han transcurrido desde que las víctimas empezaron a reclamar por atención sicosocial, y al menos tres desde que fuera ordenada la creación del programa, pero su diseño sigue en consulta. Y mientras tanto, miles de víctimas siguen con sus heridas invisibles intactas, luchando solitariamente con su dolor y muchas veces pereciendo ante el mismo. Por eso estas deudas no dan espera ni admiten más indolencia.