COMUNICADO DE PRENSA

Organizaciones de mujeres y de derechos humanos
PRESENTAN PLAN DE RECOMENDACIONES SOBRE PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN JUSTICIA Y PAZ

Bogotá, noviembre 26 de 2008

En desarrollo de la sentencia de Tutela T496 de 2008 de la Corte Constitucional, distintas organizaciones de mujeres y de derechos humanos, presentaron hoy un documento de recomendaciones sobre el Programa de Protección a Víctimas y Testigos, a fin de que el gobierno efectúe la revisión integral y la adecuación de la estrategia de protección ordenada por la Corte. El documento fue presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional.

El fallo de Tutela, resultó a favor de la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP en mayo de 2008 y obliga al Estado a desarrollar en un plazo de seis meses las acciones necesarias orientadas a efectuar una revisión integral de Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, con enfoque diferencial de género. Con esta decisión se busca garantizar la oferta adecuada de protección integral para 13 mujeres víctimas que se encontraban en situación de riesgo como consecuencia de haber decidido reclamar sus derechos en el marco de la ley 975 de 2005.

Como antecedentes a esta sentencia de la Corte se presentaron ataques contra mujeres víctimas que lideraban procesos de reclamación judicial. Tal es el caso del asesinato de Yolanda Izquierdo, líder campesina que reclamaba junto con 700 familias despojadas de sus tierras, el 1 de febrero de 2007, cuando pretendía reclamar ante justicia y paz por el asesinato de su esposo en 1995. El año pasado también fue asesinada Judith Vergara Correa, que pertenecía a la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social y trabajaba con REDEPAZ en Medellín.

La Mesa de Trabajo por un Plan de Plan Protección a Víctimas y Testigos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con enfoque diferencial de género, está conformada por la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz –IMP-, Sisma Mujer, la Comisión Colombiana de Juristas el Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad -DeJuSticia-, y cuenta con el acompañamiento de UNIFEM, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Centro Internacional para la Justicia Transicional –ICTJ. El trabajo se realizó con el auspicio de UNIFEM y Suippcol.

A continuación presentamos los aspectos generales del documento

Se propone la creación de un programa de protección para víctimas y testigos de cargo en casos de violaciones a derechos humanos e infracciones a Derecho Internacional Humanitario, que tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de amenaza o riesgo extremo y extraordinario, como consecuencia de su participación o de su interés de participar como víctima o testigo en procesos judiciales penales conducentes a garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en casos de graves violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
• El programa debe estar a cargo de la Fiscalía General de la Nación, a través de un área específica y especializada para estas víctimas y testigos, que cobije por igual a todas las víctimas de violaciones a DDHH e infracciones a DIH, cuyo riesgo ha surgido como consecuencia de su reclamo de justicia, independientemente del procedimiento judicial en el que se encuentren, y de que participen o no, como testigos en los procesos judiciales.
• Se propone el fortalecimiento de las medidas de prevención, para lo que se recomiendan algunas medidas específicas nuevas.
• Se prevé integrar estratégicamente al programa medidas específicas, para garantizar que las víctimas puedan seguir participando en los procesos judiciales a pesar de su situación de riesgo, y que dichas medidas protejan no sólo la seguridad personal de la víctima, sino la de las personas y organizaciones que las representan judicialmente, que las acompañan en el reclamo de sus derechos, sus sedes y también las pruebas y documentación de los casos.
• Se contemplan recomendaciones específicas para incorporar una perspectiva de género al programa, su diseño y estructura, sus procedimientos y las medidas de protección y asistencia que establezca. También se plantea la incorporación de la perspectiva de género en la adopción de decisiones y la representación equilibrada de género en los órganos de toma de decisiones.
• Se solicita que se tengan en cuenta dentro de los protocolos de evaluación del riesgo, los riesgos específicos que enfrentan las mujeres en el marco del conflicto armado. Se plantea el establecimiento de la presunción de riesgo por interés de denunciar en casos de violaciones a DDHH y DIH, especialmente cuando quien denuncia es mujer y cuando el reclamo está asociado con la restitución de tierras y bienes.
• Se proponen medidas específicas para proteger y asistir adecuada e integralmente a víctimas de violencia sexual, así como para prevenir su revictimización. Se presentan medidas asistenciales para prevenir y enfrentar situaciones que afectan de manera específica y desproporcionada a las mujeres víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, tales como la violencia intrafamiliar, la explotación doméstica y económica, los obstáculos agravados en el acceso a programas para satisfacción de sus derechos como educación y salud, los obstáculos para la realización de sus derechos sexuales y reproductivos, entre otras situaciones.

Con estas recomendaciones la Mesa de Trabajo por un Plan de Plan Protección a Víctimas y Testigos de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, con enfoque diferencial de género busca que, tras su adecuación, todos los programas oficiales de protección existentes tengan en cuenta las condiciones específicas en las que se encuentran las víctimas mujeres y sirvan para reaccionar de manera apropiada y oportuna frente a las situaciones de riesgo que ellas enfrentan actualmente. Además, se espera que con las medidas propuestas se contribuya a que el Estado colombiano garantice protección adecuada para aquellas mujeres y familias que participan en los procesos judiciales de justicia y paz, de manera que ellas puedan llevar a término la justa reclamación de sus derechos.

MAYOR INFORMACIÓN:
OFICINA DE PRENSA. ALIANZA INICIATIVA DE MUJERES POR LA PAZ-IMP
PBX 3231337 CEL: 3112211380- 3174426251