En otros países, como Argentina, Brasil, Uruguay o Chile, ha sido relativamente fácil ponerse de acuerdo en las fechas que enmarcan su crisis de derechos humanos. El inicio y el fin de la represión son relativamente claros pues todo empieza con algo parecido a un golpe de Estado y termina con algo semejante a la caída de una dictadura.

Pero como en Colombia nada es fácil, ni siquiera hay acuerdo sobre cuando empezó nuestra crisis de derechos humanos.

Si uno le pregunta a los abuelos, todos dirán que fue el 9 de abril de 1948 pues para ellos ahí se jodió Colombia. Otros consideran que el problema es más reciente y se inicia con la aparición de las guerrillas de izquierda en los años sesenta, o incluso hace más poco, con los magnicidios y las masacres de los ochenta. Pero otros consideran que hay que ir más atrás del 9 de abril, por ejemplo a la masacre de las bananeras en 1928. En fin…

Si se tratara de un debate puramente académico entre historiadores y politólogos, podíamos dejarlos que siguieran discutiendo. De pronto unas buenas tesis doctorales dilucidarían el tema … en, digamos, unos 30 años. El problema es que hoy un cierto acuerdo en torno a esa fecha es importante pues tiene implicaciones prácticas, ya que el Congreso está tramitando el proyecto de ley de víctimas, que pretende instaurar programas de reparación de las víctimas colombianas. Y parece necesario establecer una fecha de corte para reconocer a las víctimas.

En diciembre, la Cámara de Representantes determinó que serían reconocidas y reparadas las víctimas posteriores a 1991. Esa fecha fue adoptada sin mucha sustentación. Supuestamente se hizo en honor a la Constitución, aprobada ese año, según dijeron algunos representantes. Pero vaya homenaje pues es una fecha inaceptable que ha indignado, con razón, a muchas organizaciones de víctimas o de derechos humanos, pues deja de lado casos gravísimos. Por ejemplo, gran parte del genocidio de la Unión Patriótica quedaría por fuera pues la mayor parte de esos asesinatos ocurrieron en la segunda mitad de los ochenta. También quedarían excluidas terribles masacres, como la de Segovia y Tres Esquinas en 1988.

1991 es entonces una fecha inaceptable. Pero esa es la parte fácil de la discusión: la pregunta difícil es que otra fecha tomar en cuenta. Y ese debate es importante pues en pocos días continuará el trámite del proyecto en el Senado.

Reconozco que el tema es difícil pues nuestro conflicto armado y nuestra crisis humanitaria tienen raíces viejas y continuidades relativamente claras con la Violencia de los cincuenta, (aunque también fuertes discontinuidades y diferencias con esa violencia). Pero como es necesario que la ley adopte una fecha, tengo una propuesta que me parece razonable.

Creo que debería tomarse como fecha 1978, e incluso con más precisión, septiembre de 1978, que fue cuando el Gobierno Turbay adoptó el tristemente célebre “estatuto de seguridad” o decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978.

Con esto no digo que antes de esa fecha no haya habido violaciones a los derechos humanos en Colombia. Claro que las hubo y algunas muy graves. Pero 1978 marca un quiebre.

Hasta mediados de los años setenta, todos los indicadores de violencia y violación a los derechos humanos (con la información disponible para la fecha, que es precaria pero existe) tendían a mejorar. Por ejemplo, la tasa de homicidio disminuyó hasta inicios de los 70. Entre 1969 y 1974, Colombia tuvo la menor tasa de homicidio desde que hay cifras relativamente confiables al respecto. Y en ese período, las denuncias por torturas, asesinatos o desapariciones son relativamente bajas.

En cambio, desde 1978 la tasa de homicidio crece significativamente y se dispara desde 1985. Y, al amparo del estatuto de seguridad, se cometieron torturas masivas por la Fuerza Pública, lo cual dio lugar a que en 1981 se hiciera el primer informe de una instancia internacional oficial sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Fue el informe de la Comisión Interamericana de junio de 1981.

La justificación de 1978 seria entonces el propio estatuto de seguridad, el deterioro progresivo de los indicadores de derechos humanos desde ese año y que en 1981 hay el primer informe internacional de derechos humanos sobre Colombia, que reconoce la existencia de violaciones de derechos humanos en el país.

Por eso creo que la ley de víctimas debía adoptar 1978. ¿Qué piensan ustedes?