En Colombia se ha puesto de moda que la conformación de las ternas para elegir a altos funcionarios sea un ejercicio mentiroso y amañado.

En lugar de escoger a tres personas que se consideren igualmente idóneas para el cargo, y que tengan el mismo chance de ser elegidas, se designa a un candidato que tiene todas las de ganar, y luego se “rellenan” las otras dos plazas de la terna con personas que pueden ser idóneas, pero que no tienen el requisito fundamental que debe llenar el candidato que va a ganar: el respaldo político.

Un buen ejemplo es la terna para nombrar defensor. Aunque se incluyeron dos mujeres capacitadas, con amplia experiencia en el manejo de los temas propios de la Defensoría del Pueblo -los derechos humanos-, y que son además muy capaces, todo el mundo sabía, desde que se conoció la terna, quién iba a ganar. Y no porque fuera claramente mejor, sino porque se sabía quién tenía el peso político a su favor. Los resultados fueron contundentes.

Pero tal vez el caso más patético es el de la terna para elegir Procurador. Aunque no se ha terminado de armar, ya se sabe quién va a ganar. Esta es una auténtica terna de uno, en la que seguramente no van a contar los otros dos candidatos, pues a este punto, los partidos que constituyen la mayoría del Congreso ya han manifestado por quién van a votar.

Con este panorama, las ternas, que deberían funcionar como un pequeño concurso de méritos, en el que debería escogerse a la mejor persona para el cargo, y sin que le deba el cargo a un poder en particular, terminan convirtiéndose en un triste disfraz para una designación a dedo, con un carácter político y sectario.

Claro, habrá quienes sostengan que eso no es ningún problema, pues mientras gane “el mejor”, no importa que las otras personas incluidas en las ternas no tengan posibilidades serias.

Lo cierto es, sin embargo, que eso es jugarle sucio a la democracia, pues es pasarse por la faja las reglas de juego establecidas para garantizar transparencia en las designaciones. Más aún cuando aprovechando vacíos normativos, no se nombra a los tres integrantes en un mismo momento, sino que por el contrario, se designa a uno con mucha anticipación, dándole una ventaja comparativa adicional.

Además, la Constitución de 1991 buscaba que hubiera una verdadera participación de dos instancias, una para nominar y otra para elegir, en la designación de las cabezas de la Contraloría, Defensoría y Procuraduría. Esto para evitar que le debieran el cargo a alguien y para buscar que ganara el mejor.

Lo más preocupante es que este juego se presente sobre todo para nombrar a quienes van a dirigir los órganos de control, pues son ellos quienes más independencia deberían tener, ya que son los llamados a vigilar al Estado y proteger la democracia. Frente a dichos órganos, las ternas de uno sólo pueden promover su politización y, en últimas, la corrupción.