LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA salud es uno de los temas más cruciales y espinosos que hay en las sociedades contemporáneas. Por eso despierta tanta polémica y tanto interés en la opinión pública.

Por eso también, es algo que se debe discutir por los canales de representación política y por los medios de comunicación. Eso toma tiempo. El presidente Obama lleva más de un año tratando de convencer a los estadounidenses de los beneficios de su reforma a la salud. Pues bien, en Colombia el Gobierno decidió ahorrarse ese debate y para ello decretó el estado de Emergencia Social, lo cual le permitió expedir los decretos para cambiar el sistema.

Lo primero que habría que decir es que la Emergencia Social es un estado de excepción y como tal, sólo puede ser declarada cuando existan razones extraordinarias que la justifiquen. Todo indica que, en este caso, a pesar de la indiscutible gravedad de la situación actual, no hubo tales razones y que el Gobierno decretó la emergencia porque veía que su reforma tenía pocas probabilidades de pasar intacta por el Congreso.

Esto ya es suficientemente grave, pero no es lo peor. Según denuncias hechas por el candidato Vargas Lleras, no sólo se saltaron las instancias democráticas para expedir los decretos —¡ah!, se me olvidaba, también los redactaron mal— sino que le pagaron a una empresa más de setecientos millones de pesos, la cual subcontrató con otra cuyos representantes tienen vínculos con las EPS. Como quien dice, los que van a ser regulados redactan los decretos que los regulan.

¿No le parece a usted, amigo lector, que en toda esta historia hay algo que suena repetido? ¿Algo de lo cual no es la primera vez que usted y yo nos enteramos? Me refiero a la idea de expedir normas con nombre propio, para unos beneficiarios específicos, los cuales, a su turno, apoyan al Gobierno. ¿No le suena conocida esa historia? Mire y verá: Agro Ingreso Seguro fue concebido para beneficiar a unos agroindustriales ricos, algunos de los cuales eran amigos del Gobierno y habían contribuido a financiar sus campañas políticas; algo similar sucedió con los incentivos a las zonas francas, con las empresas que producen biocombustibles, con el plan 2500 para la construcción de carreteras y hasta con el programa Familias en Acción; en todos esos casos —para no hablar de otros similares como las notarías o las embajadas— se buscaron lealtades políticas con el otorgamiento de beneficios económicos.

Pero en esa lista falta nada más ni nada menos que el referendo, que fue financiado ilegalmente —desconociendo los topes establecidos en la ley— con dineros que en buena parte vinieron de empresas que contratan con el Estado y que apoyan al Gobierno. Más aún, la misma ley del referendo es una norma con nombre propio. No es una ley general y abstracta, como deben ser las leyes, sino una ley con beneficiarios específicos: el presidente Uribe y la casta política y económica que lo apoyan.

Alguna vez dije en esta columna, y lo repito ahora, que en estos últimos años uno tiene la impresión de que en Colombia no tenemos una democracia, es decir un gobierno del pueblo para el pueblo, ni tampoco una plutocracia, es decir un gobierno de los ricos para los ricos, sino una especie de demo-plutocracia, es decir, un gobierno apoyado masivamente por los pobres, pero para beneficio de los ricos.

Lo menos que uno puede decir es que esta es una democracia enferma.