Del 31 de agosto al 3 de septiembre tendrá lugar en Bogotá la segunda parte del “Taller Sur-Sur en política de drogas”, convocado por Dejusticia, que busca generar un intercambio de experiencias entre miembros del gobierno y sociedad civil de África y Colombia alrededor de las consecuencias de la actual política de drogas y la necesidad de reformarla.

Colombia ha sido un país paradigmático a la hora de aplicar políticas prohibicionistas en el tema de drogas: por ejemplo, pese a que se anunció la suspensión de la aspersión con glifosato, Colombia es el único país en el mundo que continúa haciéndolo. Pero tratar el problema de las drogas principalmente bajo la órbita del derecho penal y no bajo un enfoque de salud pública tiene sus limitaciones.

El Gobierno colombiano señala como éxito que se hayan capturado a casi 1 millón de personas a lo largo de la guerra contra las drogas. Sin embargo, si tenemos en cuenta que a pesar de estas capturas las organizaciones criminales siguen intactas y en realidad no se han reducido los niveles de consumo problemático ni la violencia asociada al tráfico, es difícil pensar en esta cifra como un indicador positivo. 

El enfoque prohibicionista tiende a generar violaciones reiteradas a los derechos humanos en las poblaciones más vulnerables y marginadas. 

Este taller, que contará con la participación de expertos en el tema como Lisa Sánchez, de Transform Drug Policy Foundation; Daniel Rico, asesor del Ministerio de Justicia y Julián Wilches, subdirector de articulación institucional de la Fiscalía General, busca además construir una agenda de prioridades en la reforma a la política de drogas entre África y América para presentar a la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas del próximo año. 

Al taller atenderán 23 participantes entre funcionarios de gobierno y miembros de la sociedad civil provenientes de 9 países de África incluyendo Benim, Kenia, Tanzania y Malawi entre otros.

Otros conferencistas invitados serán Marcela Tovar, asesora de la dirección de poblaciones de la Secretaría de Integración Social de Bogotá; Daniel Mejía, del Centro de Estudios sobre seguridad y drogas de la Universidad de los Andes, y Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia.

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Carolina Mila

Prensa y comunicaciones Dejusticia

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