LA SEMANA PASADA, MIENTRAS LOS medios perseguían la chiva judicial de turno, el Gobierno proponía la reforma a la salud más importante en 17 años, que mantiene el modelo de la Ley 100 de 1993 pero le hace ajustes claves.

El sistema de salud es uno de los temas esenciales de cualquier sociedad y en otras latitudes coparía el debate nacional. Así que habrá que seguirle la pista al tema y comenzar por mirar lo que dice y lo que no dice el borrador de propuesta gubernamental.

Comencemos por lo que dice. La idea general es racionalizar el funcionamiento del sistema. Hasta ahora, los jueces han tenido que tapar con parches el anacronismo y los vacíos del Plan Obligatorio de Salud (POS), mediante miles de tutelas interpuestas por los pacientes a los que las EPS les niegan tratamientos y medicamentos (incluyendo muchos que están en el POS), que luego las EPS recobran al Estado (Fosyga). En el medio se ha formado todo un mercado de la viveza y, en algunos casos, de la corrupción. Las drogas son recobradas al Estado a precios astronómicos, para beneficio de la red de intermediarios, las EPS y las farmacéuticas, que exprimen la ineficiencia del sistema. De ahí la cifra escandalosa de $1,2 billones en recobros en 2009, que este año casi se duplicará, según Dinero.

Ante esto, el proyecto de ley acierta al intentar cerrar el boquete, a través de dos mecanismos. Primero, el POS sería actualizado cada dos años, de tal forma que sea el punto de referencia para lo que se puede y lo que no se puede otorgar. Segundo, cuando el tratamiento o el medicamento que un galeno considere “pertinente” para su paciente no esté incluido en el POS, el caso llegaría al Comité Técnico-Científico de la EPS (como sucede ahora). La innovación consiste en que, si el Comité niega la petición, el caso es decidido por la Superintendencia de Salud, que reemplazaría (al menos parcialmente) a los jueces de tutela.

El proyecto trata otros temas, la mayoría bien encaminados, como el propósito de unificar gradualmente el POS de los regímenes contributivo y subsidiado. Pero también hay que señalar lo que no dice y las preguntas que deja. Primero, como lo dijo en su blog el economista Francisco Azuero, no se aclara de dónde vendrán los recursos adicionales para financiar el nuevo sistema. La propuesta establece que el valor de las prestaciones no previstas en el POS que sean otorgadas por los CTC o la Superintendencia será incluido en las primas que se pagan a las aseguradoras (las EPS). El problema es que, según Azuero, esto puede aumentar en cerca de un 25% el valor de esas primas. ¿Quién va a pagar este aumento? Si es el Gobierno, ¿cómo se evitaría crear un boquete distinto al que quiere cerrar? Si son las empresas y los trabajadores a través de sus cotizaciones, ¿cómo no recargar las contribuciones parafiscales? Y si son todos los colombianos a través de un IVA, ¿cómo hacerlo sin aumentar impuestos, como lo prometió el Presidente en la campaña?

Segundo, el proyecto guarda silencio sobre la otra fuente del desangre financiero del sistema de salud, que La Silla Vacía ha documentado en una serie brillante de reportajes. Se trata de los precios exorbitantes de los medicamentos en Colombia, producto del sistema de libertad que estableció el gobierno Uribe y que este gobierno odebería revisar.

Finalmente, queda la pregunta sobre el futuro de la tutela. Por ahora, yo no estaría tan seguro de que la Superintendencia, al menos con su capacidad actual, vaya a resolver adecuadamente todos los líos de los tratamientos y medicamentos. Ni que lo vaya a hacer teniendo en cuenta la normativa nacional e internacional de derechos humanos. Por tanto es posible, y deseable, mantener un margen para la tutela, que quedaría así reducida a sus justas proporciones.