La CCJ es la Comisión Colombiana de Juristas, una de las más importantes y respetadas organizaciones de derechos humanos de América Latina, que el pasado jueves celebró 25 años de trabajo admirable e incansable por la democracia y por los derechos en Colombia.

No puedo ni pretendo ser objetivo con la CCJ pues le debo mucho. Empecé en serio mi vida profesional en 1989 en la CCJ, cuando era una entidad pequeña. Trabajé con gusto y pasión por cuatro años y aprendí mucho humana y profesionalmente. Gran parte de mi formación en derechos humanos viene de esos años en la CCJ, que valieron más que el mejor doctorado. Mantengo un gran cariño y admiración por todos mis compañeros de esa época, tanto los abogados todoterreno, como Federico, Alejo, Consuelo o Roberto, como nuestros jefes, que eran también todoterreno: Gustavo Gallón, Carlos Rodríguez, Carlos Marín, Hernando Valencia o Alberto León Gómez.
Pero más allá de esas evocaciones personales, que sólo nos interesan a algunos, la CCJ debe interesarle a toda Colombia, pues ha hecho contribuciones enormes a nuestra precaria democracia. Es imposible resumir sus aportes en una breve columna, pero quiero destacar dos.
Primero, la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos por su valor intrínseco. La CCJ, junto con otras organizaciones, abandonó la idea de que los derechos humanos se defendían sólo si eran útiles a la realización de otros objetivos que eran supuestamente de mayor envergadura, y que podían sacrificarse si se volvían un obstáculo para esos objetivos “superiores”. Para algunos, en la izquierda, esa finalidad superior era la revolución; para otros, en la derecha, eran la economía de mercado o algo muy etéreo que llamaban la civilización occidental. La CCJ nunca comulgó con esas perspectivas y siempre ha defendido, en forma radical pero razonable, el Estado de derecho y los derechos.
Segundo, y directamente ligado a lo anterior, la CCJ ha defendido los derechos de todos y todas y no solamente los de algunos, y por ello ha condenado los atropellos, no importa de donde vengan. Aunque muchos no lo acepten, la CCJ fue tal vez la primera organización en defender vigorosamente la aplicación en Colombia del derecho internacional humanitario, pues entendió que de esa forma podía valorar críticamente también las crueldades de la guerrilla, y no sólo aquellas del Estado. Y lo ha hecho desde sus primeros informes.
He discrepado en ocasiones con la CCJ, pero nunca he dejado de admirar sus valientes y valiosas contribuciones. Si queremos una Colombia más justa y humana, entidades como la CCJ merecen todo el apoyo ciudadano.
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El debate sobre la responsabilidad frente a las infecciones intrahospitalarias es complejo, como me lo han hecho ver algunos críticos de mi última columna; pero la discusión ha estado, en cierta forma, “infectada”, pues ha estado llena de equívocos y ambigüedades. Decidí entonces dedicar nuestra entrada en el blog de La Silla Vacía para precisar mi posición y debatir el tema.