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Despite the foreseeable criticism it has received, the agreement about justice and victims that was reached this week in Habana is a gigantic step in the path to achieving peace in Colombia. Why?

Despite the foreseeable criticism it has received, the agreement about justice and victims that was reached this week in Habana is a gigantic step in the path to achieving peace in Colombia. Why?

Histórico

El acuerdo que se dio a conocer a principios de esta semana en La Habana marca varios hitos en la historia de Colombia. Para empezar, es un paso trascendental en el proceso de paz que lo hace, según sus propios protagonistas, prácticamente irreversible. Además, el acuerdo cumple con la voluntad expresada por las partes respecto a que las víctimas tendrían un lugar especial en las negociaciones.

Finalmente, pese a que, como todo acuerdo que proviene de una negociación de paz, es controversial y puede ser tildado de incompleto, este da unos pasos importantes para que el reconocimiento de las víctimas no sea meramente simbólico y para que sus derechos sean respaldados tanto por el Estado como por la guerrilla y los demás involucrados en el conflicto.

Un sistema planeado

Una característica muy importante de este acuerdo radica en crear un sistema de justicia transicional comprehensivo para garantizar los derechos de las víctimas. Si bien durante la última década se ha trabajado de manera notable en crear mecanismos de este tipo (como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), estas fueron, de alguna manera, respuestas reactivas y fragmentarias a procesos de desmovilización.

Estos sistemas se fueron construyendo para tapar los huecos de la negociación con los grupos paramilitares, el fracaso de la Ley de Justicia y Paz en materia de reparación, y el “estado de cosas inconstitucional” que padece la población desplazada.

En este proceso por primera vez las víctimas han tenido la posibilidad de manifestar sus expectativas

El acuerdo presente tiene por primera vez la posibilidad de ver todo el panorama y plantearse un sistema integrado que aborde todos los frentes desde el propio pacto de paz. Esto se denota en que el acuerdo aborda aspectos de distinto tipo:

-Humanitarios, especialmente aquellos relacionados con la ubicación, identificación y entrega de restos de personas desparecidas mediante una nueva unidad creada para tal fin.

-Verdad, para lo cual se crea una Comisión encargada de apoyar un esfuerzo de narrativa general sobre los hechos y responsabilidades del conflicto.

-Justicia, a partir de un complejo sistema divido en salas y con la participación de un Tribunal de Justicia Para la Paz donde tendrán cabida todas aquellas personas que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto (no solamente las FARC).

-Reparación, que complementará los esfuerzos que hoy realiza el Estado mediante tres estrategias:

-Enfoque territorial y colectivo;

-Reparación en especie realizada por los excombatientes que se armoniza con la pena que deben cumplir, y

-Aportes materiales a la reparación a cargo de las FARC.

-Garantías de no repetición, acordadas a lo largo de los acuerdos a partir de la modificación de prácticas, políticas y legislación que permitieron y perpetuaron el conflicto armado. Igualmente incluye el compromiso de las partes de poner  fin definitivo a la lucha armada como mecanismo de actuación política.

Participación de las víctimas

La nota distintiva de este acuerdo no solo está en su contenido, sino en su procedimiento. En este proceso por primera vez las víctimas han tenido la posibilidad de manifestar sus expectativas, necesidades y exigencias.

Las comisiones de víctimas que viajaron a La Habana han sido muy significativas, no solo para aportar a la construcción de los acuerdos, sino para recordar un mensaje muy importante a la sociedad y la comunidad internacional: que las víctimas no deben verse como un sujeto pasivo receptor de políticas, sino como un actor fundamental para la construcción de paz.

Esta inclusión en el eje de las negociaciones ha sido fundamental para que se den pasos concretos en el reconocimiento de las víctimas, que es, en últimas, el elemento legitimador de este proceso. De allí que tanto el gobierno como las FARC hayan iniciado este proceso con el acto de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón realizado en Bojayá.

Un acuerdo para salir del conflicto

El acuerdo sobre víctimas no solamente abre las puertas para garantizar los derechos de quienes han sido víctimas del conflicto, sino que busca evitar que se produzcan nuevas víctimas. No solo beneficia a las víctimas de hoy sino que pretende evitar las que seguramente existirán mañana si proseguimos el conflicto armado.

No se trató de la imposición de justicia a una guerrilla derrotada, como sugieren algunos, pero tampoco de un sometimiento del Estado a los placeres de la guerrilla, como sugieren otros. Como todo acuerdo entre contendientes, cada una de las partes llegó a la mesa con posiciones diametralmente opuestas que se fueron acercando durante los casi 18 meses de negociación.

Si se revisa la posición inicial de la guerrilla sobre justicia, su apuesta era que no debía abordarse el punto desde la visión de los derechos humanos y la justicia transicional, sino que debería reducirse a las responsabilidades colectivas y, por tanto, el mayor responsable del conflicto debía ser el orden capitalista.

Si se compara esa posición inicial con el acuerdo donde una guerrilla rebelde que quiere acabar el Estado y no cree en el derecho internacional acepta ser juzgada por un tribunal de justicia en donde reconoce la legitimidad del Estado para imponer castigos y los límites del derecho internacional a la hora de otorgar amnistías, es indudable que se transitó un largo trecho.

La justicia internacional

Visto en su conjunto (tanto por el procedimiento ya referido, como por su contenido), el acuerdo es robusto y parece tener la potencialidad, si es ejecutado de manera honesta y efectiva, de contribuir a la reconstrucción de los proyectos de vida de las víctimas, así como a fortalecer la democracia colombiana.

Evidentemente, no es la fórmula perfecta. Tampoco es el ejemplo al mundo que algunos predican. Es un acuerdo con la posibilidad de ser operativo y bien logrado para una realidad específica, con las limitaciones y ventajas de un contexto especial: el colombiano. Ni más, ni menos.

Ya se están dando (y vendrán muchas más) discusiones jurídicas sobre la compatibilidad de este acuerdo con los estándares del derecho internacional; y sobre los significados de justicia, castigo e impunidad.

Todas estas discusiones son complejas en sí mismas y dan lugar a interpretaciones variadas. Pero lo cierto, hasta ahora, son dos cosas:

-Ninguno de los críticos del acuerdo ha logrado demostrar cuál es ese protuberante desacuerdo entre lo convenido y el derecho internacional. Lo más discutido ha sido la naturaleza de la sanción, pero allí incluso el vicefiscal de la Corte Penal Internacional ha admitido que “en materia de penas los Estados tienen amplia discrecionalidad”.

-En segundo lugar, nadie ha mostrado que exista una opción mejor que sea posible. Ni en el ámbito de lo comparado (la experiencia de otros países) ni en el ámbito de las ideas. Aquí excluyo a las fórmulas tramposas que se basan en eslóganes vacíos como el de “paz sin impunidad”, pero sin ninguna propuesta concreta sobre cómo sería posible lograr eso.

El acuerdo solo es una hoja de ruta. Para alcanzar la satisfacción de los derechos de las víctimas nos hace falta recorrer un camino que será largo y difícil. Esta tarea dependerá de una sociedad que se sintonice con el propósito de la reconciliación y de la reconstrucción de los múltiples estragos que ha dejado la guerra, así como con el de la construcción de los muchos pendientes que aún tenemos como sociedad y Estado.

Pero este acuerdo puede ser un inmejorable punto de partida para una paz con justicia.

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