The reality of cocaleras women is especially critical and must be addressed by the State. In addition to sharing situations of exclusion and discrimination with other rural women, they must endure the stigmatization that occurs when they are labeled  “drug traffickers” and members of the guerrillas.

El Acuerdo Final abrió una gran oportunidad al contemplar la creación de un Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el cual fue concebido en articulación a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contenidos en el punto uno del Acuerdo Final, y allí en donde no existe coincidencia territorial, a partir de la construcción de Planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA), programa que tiene dentro de sus objetivos (i) generar oportunidades productivas para las familias que derivan su sustento de los cultivos de uso ilícito, (ii) contribuir al cierre de la frontera agrícola, (iii) fortalecer la participación y las capacidades de las organizaciones campesinas, (iv) incorporar a las mujeres como sujetos activos de los procesos de concertación de la sustitución voluntaria, y (v) fortalecer la presencia institucional en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito.

Oportunidad, que debe concretarse con el impulso de acciones que les permitan a las mujeres cocaleras generar condiciones de permanencia con dignidad en sus territorios, ser reconocidas como ciudadanas y enfrentar situaciones de violencias que se ven agravadas en razón del género.

Por todo lo anterior desde GPaz y Dejusticia, presentamos dos documentos a la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, uno con comentarios generales sobre la propuesta de ruta para la implementación del programa y otro con propuestas para la materialización efectiva del enfoque de género en dicha ruta de actuación institucional.