Claro que los autores de este proyecto tienen sus argumentos. Uno de ellos es el de la necesidad de mejorar el flujo vehicular. Pero eso no me convence. No todos los conductores que compran en los semáforos detienen el tránsito, la gran mayoría lo hace sin causar ningún trastorno, mientras cambia la señal. Siendo así, no hay razón para multar a todos los que compran. Es como si para disminuir la contaminación auditiva la Alcaldía prohibiera la venta de trompetas. Otra justificación posible está en la defensa del comercio formal. Si ese es el caso, la norma es un mico, porque nada tiene que ver con la regulación del tránsito.
Como no creo que estas sean las verdaderas justificaciones del proyecto, vuelvo a lo que dije en el primer párrafo, esto es, que aquello que la norma parece buscar es la separación entre la ciudad de los ricos y la de los pobres. Los ricos de Colombia quisieran vivir como los suizos, sin ver pobres. Quisieran que el espacio público al que salen para ir al trabajo fuera la continuación de su espacio privado: moderno, bonito, ordenado… como en Ginebra. 

En Colombia la clase alta es el 6% de la población, la media el 29% y la baja el 65%. Los ricos y los pobres viven en el mismo país y todos son colombianos pero, como ciudadanos, no se encuentran nunca: nacen en distintos barrios, van a distintas guarderías, a distintos colegios, a distintas universidades, a distintos trabajos, a distintos sitios de recreación, a distintas oficinas públicas, a distintos hospitales, a distintas iglesias, a distintos mercados y finalmente a distintos cementerios. Es como si el sitio del nacimiento de una persona determinara sus recorridos en la ciudad por el resto de su vida.

La intolerancia, el radicalismo y la falta de consensos básicos en este país, tienen mucho que ver con el hecho de que las clases sociales nunca se encuentran; ni cuando estudian, ni cuando hacen fila, ni cuando protestan, ni cuando se divierten, ni cuando votan. Es cierto que nada de esto se soluciona dejando que los vendedores ambulantes sigan trabajando en los semáforos. Pero por lo menos no se empeora, como sí ocurriría en el evento de que la prohibición que establece el proyecto 087 se hiciera efectiva. 

Ahora bien, contra el argumento estético de quienes quieren ver una ciudad sin pobres, no pretendo oponer el argumento moral de quienes predican la caridad cristiana. Mi argumento no es ni ético ni estético, sino de justicia social: las medidas que pretenden acabar con la pobreza, obligando a los pobres a trasladarse de un lugar a otro, no sirven, resultan contraproducentes y, como si fuera poco, son injustas. No hay que olvidar que en Colombia hay tres millones de desplazados y que una buena parte de ellos necesita vender en los semáforos para poder mantener a sus familias. 

Si, como está demostrado, el Estado y la sociedad tienen una responsabilidad importante en la guerra que ha dado lugar a buena parte de ese desplazamiento, ¿cómo es posible que ahora, después de que los paramilitares les quitaron las tierras a los campesinos, el Estado quiera quitarles el trabajo?