The family of Miguel Angel Diaz, a missing member of the Patriotic Union (UP), is awaiting the ruling of a nullity filed before the Constitutional Court in an attempt to save a house acquired through a loan with the National Savings Fund, when Miguel Angel still lived with his wife and three daughters.

Tras la desaparición de Miguel Ángel, en 1984, la familia no pudo continuar pagando las cuotas del préstamo y el inmueble entró en proceso de remate. Gloria Mansilla, esposa de Miguel Ángel, y sus tres hijas, interpusieron inicialmente una tutela ante la Corte Suprema de Justicia que buscaba defender su derecho a la igualdad, al debido proceso y a la memoria.

En defensa de los bienes de los desaparecidos. El caso de la familia de Miguel Ángel Díaz. from Dejusticia on Vimeo.

Después de que esta tutela les fuera negada en la Corte Suprema, la Corte Constitucional seleccionó el caso y lo decidió el año pasado. Pero su fallo también fue desfavorable. Entonces, Gloria Masilla interpuso una solicitud de nulidad basada en que la Corte no se había remitido a los precedentes adecuados para sustentar su negativa. De hecho, la sentencia de la Corte desconoció jurisprudencia suya sobre el deber de los jueces de tutela de flexibilizar el requisito del tiempo máximo que puede transcurrir entre la violación de un derecho y la presentación de una tutela, para personas de situación de vulnerabilidad, como las víctimas de desaparición forzada y sus familiares (especialmente en casos donde hubo persecución política como la que vivió la UP).

En este momento, la familia Díaz Mansilla espera el pronunciamiento de la Corte sobre la petición de nulidad. Esta podría ser la última oportunidad que tienen Gloria y sus hijas para no perder la casa, que las une a la memoria de su esposo y padre desaparecido.

En un país como Colombia, que tiene una situación dramática de desaparición forzada, si bien ha habido avances en la búsqueda de restos de personas desaparecidas y en la persecución de los responsables, aún faltan más desarrollos en los derechos civiles y sociales de las víctimas de desaparición forzada. Hasta ahora, la Corte no ha tenido oportunidad de referirse al alcance de la protección en el derecho civil de las víctimas de desaparición forzada, como el derecho a la propiedad.

Una decisión favorable en este caso no sería solo beneficiosa para Gloria Mansilla y sus hijas  sino para muchas otras víctimas que están a punto de perder sus bienes por deberle al Estado créditos que dejaron de pagar después de desapariciones forzadas de familiares suyos, a manos de agentes del mismo Estado.