Colombia es un país legalista en donde muchas discusiones sociales y políticas tienen un inevitable componente jurídico. Y a su vez, muchos debates jurídicos tienen un impacto político considerable.

¿Será que este legalismo colombiano es una consecuencia del peso que tuvo Santander en la formación de nuestra nacionalidad? ¿O dependerá de otros factores? No lo tengo claro. Ojalá ese punto lo diluciden alguna vez nuestros historiadores. Pero lo cierto es que se trata de un rasgo indudable de nuestro carácter nacional que, por paradójico que parezca, no es para nada incompatible con nuestra facilidad para el uso desmesurado de la violencia.

Lo que pasa es que, para bien o para mal, los colombianos a veces encubrimos nuestras peores violencias con fórmulas jurídicas sofisticadas. Pocas sociedades como Colombia combinan en forma tan extrema el terror y el legalismo, “la palabra y la sangre”, por tomar prestado el título de un texto ya clásico de Alain Tourraine, referido a América Latina pero que se aplica como anillo al dedo a nuestro país.

Un ejemplo usual pero doloroso de esa extraña mezcla lo relata en alguno de sus textos Francisco Gutiérrez Sanín, cuando transcribe la fórmula del boleteo empleada por algún actor armado: “Señor, si no quiere morir, usted tiene cuatro días hábiles para largarse de acá”.

Otro ejemplo aún más terrible de esa combinación de terror y legalismo fue la manera como el M-19 quiso justificar lo injustificable: la toma a sangre y fuego el Palacio de Justicia hace casi 25 años, pues según ellos, se trataba de presentar ante la Corte Suprema de Justicia una “demanda armada”.

Este rasgo de la política colombiana puede llevar a dos actitudes opuestas: algunos han concluido que nuestra adhesión al legalismo y al constitucionalismo debe ser combatida, pues se trata de un mero ritual para encubrir violencias, dominaciones y exclusiones; el constitucionalismo en Colombia habría tenido una eficacia puramente simbólica y represiva, pues habría funcionado como un sutil mecanismo de dominación y de contención del cambio social democrático, como lo ha sostenido Hernando Valencia Villa, en su texto “Cartas de Batalla”, recientemente reeditado.

Entiendo esa posición pero no la comparto. Puede ser por ingenuidad pero defiendo otra visión: nuestro legalismo, por hipócrita que a veces sea, debe ser visto como un activo histórico de la nacionalidad colombiana, y por ello no debe ser desechado sino llenado de contenido: el reto es entonces tomar el derecho y los derechos en serio (por recordar la hiperconocida expresión de Ronald Dworkin), a fin de que nuestro legalismo no sea una fórmula vacía sino que se traduzca en la práctica en el respeto efectivo de los derechos de todos y todas. ¿Será demasiada ingenuidad?

Esa apuesta es lo que explica este blog “Con qué derecho” que comienza hoy, en donde diversos investigadores de DeJuSticia, con autorías individuales pero con compromisos éticos comunes, nos esforzaremos por comentar, desde el derecho y por los derechos, distintos aspectos de la realidad colombiana.