Ha sido valorado como algo positivo el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de un tiempo acá, haya decidido sesionar en ciudades distintas a las de su sede en San José de Costa Rica. Ello acerca una importante institución del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a las víctimas por quien trabaja y hace ver a sus jueces como personas de carne y hueso que escuchan y analizan hechos, interpretan normas y realizan juicios que tienen repercusiones sociales. De paso, un tal ejercicio de ?descentralización judicial? genera ganancias por partida doble: contribuye al conocimiento del sistema y permite una vigilancia ciudadana y estatal más cercana al quehacer judicial internacional. Parece que un ejercicio semejante se inicia por parte de nuestra Corte Constitucional. ¡Enhorabuena!

Es bien conocido el papel garantista que ha desempeñado la Corte Constitucional frente a la responsabilidad gubernamental de protección y garantía de los derechos de la población desplazada en Colombia. El drama del desplazamiento por razón del conflicto armado interno, motivó sin duda a la Corte a inaugurar una forma de control judicial activo y permanente como no ha ocurrido en ninguna otra circunstancia.

En el año 2004 la Corte tomó una serie de decisiones que desde entonces tienen contra las cuerdas al gobierno nacional ?sentencia T-025?, las cuales han sido objeto de seguimiento detallado por la propia Corte a través de audiencias y autos posteriores. Esta novedosa manera judicial de operar es valiosa en muchos sentidos y le ha permitido a los organismos de control de la actividad estatal y a las propias organizaciones sociales, articular importantes esfuerzos para apoyar las decisiones de la Corte y tratar de hacerlas efectivas.

La persistencia de la crisis humanitaria generada por el desplazamiento forzado ?acentuada en algunas regiones? y los avances aún precarios para su atención, han hecho que por primera vez en Colombia, la Corte Constitucional decida abandonar la comodidad y seguridad de sus despachos para percibir y escuchar de cerca en las regiones, los hechos y las razones por las cuales ese estado de cosas inconstitucional se empecina en no mostrar claros signos de solución duradera.

En un hecho sin precedentes, la sala que tomó la decisión de tutela que ordena la más completa protección y garantía de los derechos de la población desplazada, estará esta semana en la ciudad de Santa Marta escuchando a los responsables de la atención de los desplazados y, especialmente, escuchando las voces de los líderes de la población desplazada por la violencia. Hay que decir que a ello contribuyó mucho la labor de incidencia de la Comisión de Seguimiento de las órdenes impartidas por la Corte en la sentencia y autos de tutela proferidos, encabezados por Codhes, y la disposición técnica y logística apoyada por muchos otros organismos y organizaciones nacionales e internacionales interesados en la protección y garantía de los derechos de los desplazados como Acnur y el Consejo Noruego para Refugiados.

Así no se tenga prevista toda la parafernalia propia de las audiencias formales que se han desarrollado en la sede de la Corte en Bogotá, la salida de la Corte a terreno es un hecho digno de registrar con complacencia, sobre todo por lo que ello significa para las víctimas del desplazamiento, que percibirán su visita como un reconocimiento de su dignidad y un aliciente para continuar con sus justas reivindicaciones frente a las autoridades que siguen viendo su tragedia como un mal menor.

De paso, el momento en que se produce la visita coincide con el de la elaboración de los planes de desarrollo departamentales y municipales. La visita oportuna de la Corte a la Costa Caribe debe ser vista por los gobernantes locales como una oportunidad para consolidar en sus planes un enfoque de derechos, empezando por la inclusión de estrategias, programas y proyectos específicos, debidamente financiados, a favor de la población desplazada.

Ojalá este ejercicio inaugural de descentralización judicial de la Corte Constitucional se mantenga, se acentúe e incluso irradie la manera de administrar justicia de las otras cortes, pues los beneficios institucionales y sociales están a la vista.

El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia- (www.dejusticia.org) fue creado en 2003 por un grupo de profesores universitarios, con el fin de contribuir a debates sobre el derecho, las instituciones y las políticas públicas, con base en estudios rigurosos que promuevan la formación de una ciudadanía sin exclusiones y la vigencia de la democracia, el Estado social de derecho y los derechos humanos.”