No solo son las amenazas de los abominables ejércitos antirrestitución las que afectan el buen paso de la política de tierras del gobierno. Ahora resulta que los heridos políticos más graves se deben al “fuego amigo”, como lo señaló en detalle la nota LSV.

Más allá de los rumores de pasillo, y de la evidente pugna interna entre modelos de política, la cuestión de fondo más espinosa en este momento es qué hacer con el Incoder. Para abrirle paso a esta discusión, propongo unas posibles salidas con algunos argumentos.

Una posible acción que parece satisfacer a buena parte de los sectores de opinión especializados es aprovechar las circunstancias para poner al Incoder tres metros bajo tierra. Lo que solo produce dolores de cabeza es mejor acabarlo, cortarlo de raíz.

Y de hecho existen buenas razones para disolverlo:

1. Como institución, tiene fallas desde el inicio; nació marchito. Se creó como una entidad sin fondos y capacidades a la que se le encargaron diversas funciones que incluso entidades especializadas no habían podido lograr en décadas.

2. Las propias entidades estatales han denunciado que en lugar de prestar un servicio democrático, el Incoder operó en buena parte como un instrumento de despojo y de reproducción de la inequidad. Uno de los más sofisticados y efectivos, lo cual hace pensar además que su depuración es muy complicada, dado el arsenal de leguleyadas a partir del cual se ha construido.

3. Su disolución puede ser aprovechada como un hecho político de ruptura y se puede presentar como una medida de reparación simbólica a las víctimas del despojo.

Pero existen también, argumentos sólidos para pensar en que la solución puede estar en su restructuración.

1. Lo que necesitamos para echar a andar una política de tierras tan ambiciosa es volver a crear institucionalidad para el campo, y acabando entidades no lo vamos a conseguir pronto.

2. Diseñar en la marcha toda una institucionalidad nueva toma tiempo y capital político, dos cosas que a este Gobierno ya se le están acabando.

3. Como quiera que se llame la institución, tendrá que echar mano de personas con conocimientos técnicos, las cuales lamentablemente no abundan. Ya eso pasó en una “depuración” hecha en tiempos de Uribe, que se reversó luego con la contratación casi en bloque del personal depurado. Ahora mismo, la Unidad de Restitución está pasando las duras y las maduras para contratar personal capacitado y confiable.

Para que los pros y contras de estas posibles soluciones sean seriamente discutidos, en todo caso, necesitamos de algunos presupuestos. Primero, el Gobierno nacional debe resolver, de una vez por todas, su síndrome de Dr, Jekyll y Mr. Hyde con respecto a la política de tierras. La ambivalencia entre una política rural sensible al campesinado pero que coquetea con los grandes capitales ya no se sostiene. Es hora de terminarla. Es la una, la otra, o la intermedia. Pero que nos digan cuál es en concreto el modelo que se pretende. Y esta aclaración debería venir directamente del Presidente, para así apaciguar las pugnas y diferencias en los demás niveles de la administración.

Segundo, es cierto que estos enormes desafíos requieren de esfuerzos conjuntos y que, para ello, se requiere de equipos y esfuerzos de coordinación. Se requiere del concurso de técnicos y de políticos. La arrogancia del Robin Hood que llega como un cruzado solitario a equilibrar la balanza de la justicia es mejor dejarla para la literatura fantástica.

Tercero, hay que seguir con la pedagogía social sobre las diferencias existentes entre las distintas políticas de tierras. Todavía existe mucha confusión entre conceptos como restitución, abandono, desplazamiento forzado, desarrollo rural, concentración de tierras, etc.

Cuatro, hay que construir a partir de los esfuerzos acumulados. Por ejemplo, a partir de las propuestas del PNUD y su informe sobre Desarrollo Humano de 2011, titulado precisamente, “Colombia rural: razones para la esperanza”.