Las marchas del pasado jueves no habrían sido posibles si no fuera porque en la sociedad existe un profundo sentimiento de indignación contra el secuestro y contra quienes lo practican, en especial contra las Farc.

Este sentimiento es compartido por la grandísima mayoría de los colombianos y está por encima de las diferencias políticas y de las filiaciones partidistas. Más aún, es un sentimiento humanitario que traza una línea divisoria entre lo que es debatible políticamente -por ejemplo, la firma del TLC o el monto de las transferencias-y lo que no lo es, como el secuestro o los asesinatos políticos. Cuando se trata de estos actos de barbarie, la gente no protesta para defender una posición política, sino para defender la dignidad humana. Por eso, la filiación política no es relevante. Todos marchan juntos. Más aún, los mismos que marcharon el jueves pasado podrían hacerlo luego -y ojalá lo hagan- para condenar las masacres de los ‘paras’, o la complicidad del ejército en algunas de estas masacres.

Por desgracia, la clase política no tiene tan clara esta división entre los asuntos de la política y los de la dignidad. Para ella, siempre es más fácil -y más útil- poner en evidencia los horrores cometidos por el grupo ilegal más lejano a sus afectos -la guerrilla en el caso de la derecha y los ‘paras’ en el de la izquierda- y subestimar los horrores cometidos por el grupo ilegal más cercano.

Tantos años de conflicto armado han ido consolidando en el país esa práctica política malsana que consiste en identificar a los opositores políticos con el actor armado más cercano a ese grupo. Así como la derecha hace todo lo posible por meter a la guerrilla y a la izquierda en el mismo saco, la izquierda hace lo propio con la derecha y los ‘paras’.

Que la derecha democrática haga eso no me sorprende tanto como que lo haga la izquierda democrática. Al fin y al cabo, si algo caracteriza a la gente de izquierda son sus batallas por la dignidad humana y contra el abuso del poder. No condenar enfáticamente a las Farc por el secuestro y asesinato de los diputados del Valle, con el argumento de que eso es hacerle el juego a Uribe, no solo no tiene justificación ética, sino que políticamente me parece un error. La izquierda no pierde nada cuando asume una posición frontal contra la guerrilla y contra sus prácticas; al contrario, creo que gana mucho. No me refiero simplemente a que se condene a la guerrilla cuando comete actos atroces -así eso ocurra con frecuencia-, sino al deber de adoptar un discurso agresivo y permanente contra su existencia misma.

Más aún, no condenar los crímenes atroces de la guerrilla es, eso sí, hacerles el juego a Uribe y a su política de seguridad. A quien más beneficia la debilidad de las condenas de la izquierda contra la guerrilla es -fuera de la guerrilla misma- a la derecha y, sobre todo, al uribismo.

Cuando los crímenes de los grupos armados ilegales se condenan de manera selectiva -como lo hizo hace dos semanas la llamada ‘Carta de los artistas e intelectuales por la paz de Colombia’-los actos de barbarie se politizan. Ya no hay crímenes sino actos políticos. Eso es justamente lo que buscan los actores armados: politizar sus actos de barbarie. Cuando eso sucede, todas las personas se convierten en blancos del conflicto armado, en rehenes. No hay ciudadanos, sino objetivos militares.

Al buscar la libertad de los secuestrados, las marchas cívicas del pasado 6 de julio dieron un paso adelante hacia la despolitización del secuestro, y con ello también avanzaron algo en el camino de su propia liberación.

* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia e Investigador de DeJuSticia