La primera impresión es alentadora: la llegada al flamante aeropuerto de Quito da una idea de la inversión en infraestructura del gobierno Correa, que se extiende en dobles calzadas hasta la puerta de la Amazonia en Puyo.

Pero no hace falta ser de izquierda para construir aeropuertos y vías. Lo llamativo de la “revolución ciudadana” es que lo ha hecho como parte de un modelo económico que le da al Estado y las políticas redistributivas el lugar central que la izquierda propone. Ha incrementado considerablemente la inversión en educación y salud, subido los impuestos y renegociado las regalías petroleras, lo que le ha ganado una amplia mayoría electoral. Todo sin disparar la inflación ni desequilibrar la economía, a diferencia de Argentina o Venezuela.

¿Qué izquierda es esta que parece lograr la cuadratura del círculo y obrar el “milagro ecuatoriano”, como lo llamó la revista Dinero? Hace diez años, cuando Correa era un profesor universitario, Jorge Castañeda clasificó a la izquierda en dos: una buena, que, según él, combinaba el respeto del Estado de derecho con el manejo prudente de la economía (Brasil, Chile), y otra mala, que hacía todo lo contrario (Nicaragua, Venezuela). La distinción es simplista y la izquierda es una sola, respondimos algunos en un libro que publicamos por la época (La nueva izquierda en América Latina).

Lo que ha pasado desde entonces muestra que todos estábamos equivocados. La izquierda no era ni una ni dos, sino muchas más. De hecho, Correa ha logrado una nueva síntesis: avances socioeconómicos notables, pero a costa de retrocesos profundos en todo lo demás, desde las libertades básicas hasta el medio ambiente.

No hablo sólo de las conocidas violaciones de la libertad de prensa, fundadas en una ley de la holgada mayoría correísta en el Congreso, que ha permitido la censura de caricaturas, columnas y titulares que no son del gusto del Gobierno. Se trata también de atropellos menos visibles fuera de Ecuador, pero igualmente graves, incluso contra líderes y movimientos que antes el presidente tenía por aliados y hoy descalifica como “izquierda infantil” en sus alocuciones sabatinas. Una muestra reciente es la decisión gubernamental de disolver la Fundación Pachamama, una de las ONG ambientalistas más reconocidas del país, con base en un reglamento autoritario que le permite al poder Ejecutivo cerrar cualquier organización por motivos tan gaseosos como “desviarse de sus fines y objetivos” o “afectar la paz pública”. A lo que se suma la persecución penal de más de 200 opositores en virtud de una ley de “sabotaje o terrorismo”, en la que cabe todo tipo de protesta y es ejecutada celosamente por un sistema judicial que Correa se encargó de disciplinar.

Visto así, el modelo ecuatoriano tiene más sombras que luces. Sombras que se proyectan sobre América Latina, por cuanto Ecuador lidera los esfuerzos por debilitar el incómodo Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ha reconvenido o condenado al gobierno Correa por censurar periódicos críticos o abrir la Amazonia a la explotación petrolera sin consultar con los pueblos indígenas.

Es una pérdida regional también porque el proyecto inicial de Correa, plasmado en la Constitución de 2008, marcaba un camino promisorio para la izquierda de otros países: promovía los derechos sociales, sin debilitar las libertades ni los derechos colectivos. Pero hoy queda claro que hay que mirar a Ecuador con preocupación y buscar modelos en otras partes.

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