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The incredible and sad life of the Disciplinary Chamber

This seems to be the beginning of the end of the infamous Disciplinary Chmaber, perhaps the least presentable body of the Colombian judiciary.

En una cumbre celebrada el jueves en la Casa de Nariño entre el Gobierno y las altas cortes, se acordó la eliminación, en el actual proyecto de reforma a la justicia, del Consejo Superior de la Judicatura, con Sala Disciplinaria incluida.

Este parece pues el principio del final de la tristemente célebre Sala Disciplinaria, quizás el órgano menos presentable de toda la rama judicial colombiana. Esta Sala se convirtió, durante el gobierno del presidente Uribe, en un bastión político enquistado en las altas cumbres del poder judicial. Eso fue posible debido a que el mecanismo previsto para escoger a sus magistrados se origina en ternas elaboradas por el Presidente de la República, de las cuales eligen los congresistas. Se trata de un mecanismo arrevesado (políticos nombrando a jueces) que termina teniendo las consecuencias nefastas que se le conocen a esa Sala. (En Mayorías sin democracia, una investigación publicada hace dos años por Dejusticia, se muestran estos efectos).

Los magistrados de la Disciplinaria son, ante todo, políticos de profesión. En su gran mayoría tienen una pobre formación académica, carecen de experiencia judicial y no son expertos en derecho penal o disciplinario. Por eso se han dedicado a pagar favores a punta de decisiones judiciales. Sólo un ejemplo: durante el proceso de la Yidispolítica fue justamente esta Sala la que, al resolver una acción de tutela presentada por el ex ministro Diego Palacio, revocó el fallo que la Corte Suprema de Justicia había proferido en su contra. Además de políticamente controvertido, esa decisión fue jurídicamente cuestionada: sólo analizó algunos apartes de la sentencia de la Corte de Suprema de Justicia, y lo hizo fuera de contexto y con referencias genéricas, para terminar afirmando que “la argumentación” de la sentencia violaba derechos fundamentales del ex ministro; una tesis sin precedentes en el país.

Pero eso no es todo. A la captura política de la justicia se le suma un largo historial de corrupción de todas las formas y colores: carruseles de pensiones, nepotismo y tráfico de influencias o, como reveló el Fiscal, posibles falsificaciones de actas de las sesiones de la Sala.

Siendo pues este un organismo indeseable, ampliamente criticado por la opinión pública desde hace por lo menos dos lustros, ¿cómo es posible que los congresistas se hayan empeñado en mantenerlo en la actual reforma a la justicia? Las fallas protuberantes de la Sala Disciplinaria no eran un secreto para nadie, mucho menos para los congresistas, ni para el Gobierno (que en el proyecto inicial había propuesto eliminarla). Sin embargo, en la versión actual del proyecto sólo se propone eliminar la otra sala del Consejo, la Administrativa, que siempre ha sido más difícil de cooptar por los políticos.

Peor aún, en el proyecto actual la Sala Disciplinaria sale fortalecida. Obtiene dos asientos en la Sala de Gobierno (de los cuales carece hoy en su equivalente, la Sala Administrativa) y logra constitucionalizar algunas competencias que antes solo eran legales o reglamentarias. Además, su competencia adquiere mayor alcance, pues está a cargo de vigilar a particulares, notarios y empleados judiciales, quienes como propone la reforma, estarían facultados para ejercer funciones judiciales. Dado que la reforma les otorga facultades judiciales, se supone entonces que a ellos también los controlará esta Sala Disciplinaria.

Volvamos pues a la pregunta, ¿cómo es posible que semejante organismo haya tenido (tenga, en realidad) una supervivencia tan larga? Solo hay una respuesta: por el contubernio entre sus miembros “magistrados” y las mayorías en el Congreso.

Un comentario y una advertencia finales. El comentario: no basta con que la reforma le cambie el nombre a la Sala Disciplinaria; el nuevo consejo disciplinario que la remplace tiene que tener, por todas estas razones, un mecanismo de elección de magistrados diferente. Y la advertencia: el proyecto actual contempla la creación de una Sala de Investigación en la Corte Suprema de Justicia, destinada a investigar y acusar a los congresistas que cometan delitos. Esa Sala tiene un origen similar a la Disciplinaria: proviene de ternas elaboradas por el Presidente. De nuevo políticos nombrando magistrados. Parecería como si no bastara con los errores (¿aprendidos?) de la Sala Disciplinaria.

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