CADA PAÍS TIENE SUS MALES. LA PObreza es sin duda el más común y extendido de todos ellos. Pero muchos países enfrentan dificultades propias: en Bangladesh luchan contra una naturaleza inclemente; en Georgia tratan de contener el imperialismo ruso; en Bélgica hacen lo posible por evitar la desmembración del país; en Ucrania combaten el envejecimiento de la población, etc. ¿Y en Colombia? Pues aquí no falta la pobreza —la padece el 60% de la población— y como si eso fuera poco, tenemos problemas típicamente nuestros y éstos no son de poca monta: narcotráfico, violencia y conflicto armado.
Para enfrentar esos males, cada país adopta un tipo especial de política pública o fortalece un tipo particular de institución. En Colombia uno esperaría que, dados esos problemas, los gobiernos estuvieran empeñados en hacer tres cosas: 1) fortalecer los derechos sociales de la gente, 2) crear una fuerza pública más eficiente y 3) mejorar el desempeño de la justicia. Pero de esos tres propósitos sólo uno se toma realmente en serio, el de la fuerza pública. Los otros dos, no sólo no obtienen ninguna mejoría, sino que se empeoran.

Una prueba fehaciente del menosprecio que el Gobierno siente por la justicia es la declaración de la conmoción interior que —siguiendo la recomendación hecha por el banquero Luis Carlos Sarmiento— acaba de ser decretada para detener el paro de los jueces. Se trata de una medida a todas luces desproporcionada, que pone a los jueces como delincuentes o, peor aún, como los causantes de una “grave perturbación del orden público que atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional…”, según dice el artículo constitucional que consagra la conmoción.

Pero el menosprecio por la justicia tiene ya una larga historia en este Gobierno. Ella empezó cuando el Presidente, a los pocos días de posesionado, suprimió el Ministerio de Justicia. Allí se dijo todo acerca del poco valor que los jueces representaban para la política de seguridad democrática. Luego vino una serie de desplantes e insultos contra las altas cortes. Primero contra la Corte Constitucional, cuando negó la prórroga de la primera conmoción interior, se opuso al Estatuto Antiterrorista y limitó drásticamente la Ley de Justicia y Paz; luego contra la Corte Suprema de Justicia cuando inició los procesos contra los congresistas de la coalición de Gobierno por parapolítica.

Otra muestra reciente del menosprecio presidencial por los jueces está en el proyecto de Acto Legislativo 07 de 2008, supuestamente destinado a reformar la justicia, pero en realidad concebido, a mi juicio, para reorganizar a las altas cortes y para cambiar la forma de juzgar a los congresistas en la Corte Suprema. En ese proyecto no se trata de resolver los graves problemas que tiene la justicia —congestión, impunidad, incapacidad para investigar, oferta inadecuada, sesgo en contra de los pobres, etc.— sino de enfrentar los procesos de la parapolítica y reequilibrar el nombramiento de los altos funcionarios, todo ello con el fin de llevar a buen término la nueva reelección.

Ahora que escribo el final de esta columna me doy cuenta de que en Colombia no tenemos que resolver tres, sino cuatro problemas: me faltó el del deterioro institucional y la pérdida de controles al interior del Estado como consecuencia del autoritarismo presidencial.