UNA ESCENA PARECE CALCADA DE LA otra.

El jueves, el Presidente aparece rodeado de altos mandos militares para criticar con dureza la orden de una jueza independiente que condenó al Coronel (r) Plazas Vega por la desaparición de 11 personas, ocurrida por fuera del combate de la retoma del Palacio de Justicia. Tres días después, cambio de personajes, pero escenario casi idéntico: el Ministro de Defensa, rodeado por altos mandos militares, anuncia ante las cámaras la grata noticia del rescate del general Mendieta y sus compañeros, y el fin de la pesadilla inhumana de su secuestro por las Farc.

La similitud es tan elocuente como preocupante. Elocuente porque muestra con dramatismo teatral el lugar que parece tener la justicia en la mente del Gobierno: dentro del círculo del “enemigo” a derrotar. En ambos casos, la imagen es la de un Gobierno y unas Fuerzas Armadas unidas no sólo contra las Farc —lo que es legítimo y necesario— sino contra los jueces que se limitan a cumplir su deber: aplicar las leyes y los tratados que le ponen coto a lo que se puede hacer jurídicamente, aún en circunstancias de conflicto armado como la colombiana.

Aquí es donde el parecido se pone más preocupante. Porque es claro que, lejos de ser fortuito, refleja la lamentable y temeraria tesis de asesores gubernamentales, según la cual hay una “guerra jurídica” contra el Estado colombiano que acompaña la “guerra militar” contra la guerrilla. Desde esta visión insostenible, la primera guerra es librada por un disciplinado ejército de jueces, fiscales, ONG, relatores de la ONU y organizaciones internacionales, que se dedican a infligirles a las Fuerzas Armadas el daño que la guerrilla no logra hacerles en la guerra de verdad. De ahí que los jueces, magistrados y demás miembros de esta cuadrilla imaginaria —que actuarían al unísono aunque muchos ni se conozcan entre sí, y aunque denuncian e investigan también a las Farc— merezcan calificativos que cambian según la acidez del columnista gubernamental de turno: “Idiotas útiles”, para los más benignos; “cómplices del terrorismo”, para los menos.

El resultado de semejante visión de amigo-enemigo está a la vista: la polarización extrema de cualquier discusión sobre el tema, la persecución contra los jueces y las cortes y la erosión gradual pero segura de la independencia judicial y el Estado de Derecho.

Todo esto deja claro que el gobierno Uribe quiere asegurarse de que la reforma a la justicia sea la prioridad ineludible de su sucesor. Y que en las decisiones que tome el nuevo presidente en los primeros meses de su mandato tendremos las mejores pistas sobre su verdadero talante.

Los temas clave serán tres. Primero, ¿qué hacer con los delicados procesos contra el propio gobierno Uribe, que ya tocan a algunos de sus funcionarios más cercanos? Segundo, ¿qué acción tomar en relación con el fuero penal militar? Finalmente, ¿qué hacer con los procesos de la parapolítica?