EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS, EL GObierno ha reivindicado la llamada “ley de justicia y paz” (LJP) porque considera que avanza en la paz pero respetando los derechos de las víctimas.

Pero lo que no se recuerda es que el Gobierno defendió en realidad una ley muy distinta a la actual. Y es que en el fondo no ha habido solamente una LJP, sino al menos tres bastante diferentes: la del Gobierno, la del Congreso y la de la Rama Judicial.

La historia es la siguiente: en 2003, el gobierno Uribe presentó un proyecto de “Alternatividad Penal”, que no preveía realmente ninguna pena para el paramilitar que se desmovilizara, pues bastaba que se portara bien luego de entregarse para que lograra la libertad, aunque hubiera cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Este proyecto, que es la verdadera LJP del Gobierno, fue duramente criticado por la comunidad internacional, organizaciones de derechos humanos y de víctimas, y algunos grupos políticos, quienes, con razón, lo calificaron como una pura ley de impunidad.

El Gobierno tuvo entonces que retirar el proyecto y propuso otro, que se convertiría, después de un complejo trámite en el Congreso, en la ley 975 de 2005.

Esta ley reconoció que los beneficios a los paramilitares desmovilizados debían ser compatibles con los derechos de las víctimas. Previó entonces que el paramilitar responsable de crímenes atroces debía realizar una confesión o versión libre indicando los delitos que había cometido; la Fiscalía debía verificar los hechos y formularle unos cargos; si el paramilitar los aceptaba y cumplía con otros requisitos, el juez debía otorgarle una pena alternativa benigna: máximo ocho y mínimo cinco años, sin importar la cantidad y gravedad de sus crímenes.

La LJP del Congreso parecía entonces incorporar los derechos de las víctimas, pero en realidad establecía requisitos poco exigentes para obtener la generosa pena alternativa. Por ejemplo, las confesiones falsas o incompletas no implicaban la pérdida de ese beneficio. Esa ley no tenía entonces los dientes necesarios para realizar efectivamente los derechos de las víctimas. Por ello fue criticada como una forma más sutil y disfrazada de impunidad y fue demandada ante la Corte Constitucional.

Este tribunal, en la sentencia C-370 de 2006, admitió que podía otorgarse un castigo penal reducido por crímenes atroces con el fin de alcanzar la paz, pero siempre y cuando se lograra la desarticulación de los grupos paramilitares, la verdad y la reparación de las víctimas. Por eso la Corte ajustó considerablemente la ley 975 para armonizarla con los derechos de las víctimas. Por ejemplo, la sentencia señaló que si el desmovilizado omitía en la versión libre su participación en un crimen, entonces perdía el derecho a la pena alternativa.

La LJP de la Corte logra entonces un mejor equilibrio entre los derechos de las víctimas y los beneficios otorgados a los victimarios, pues incentiva una mayor veracidad de las versiones libres, lo cual fortalece la capacidad del Estado de esclarecer la verdad del paramilitarismo. Esas innovaciones han ayudado a que algunas fiscales valerosas hayan avanzado en la investigación de los crímenes de los paramilitares.

En estos años, la LJP ha producido sin embargo pocos resultados: sólo dos condenas, reparaciones prácticamente inexistentes y verdades aún limitadas, por la extradición masiva de jefes paramilitares y la falta de controversia de las versiones libres. Pero si ha habido algún avance, esto se debe en gran medida a los ajustes introducidos a la ley por los jueces. Por ello resulta irónico que el gobierno Uribe, que en su momento atacó duramente todas esas innovaciones judiciales, ahora reivindique la LJP de los jueces.