Ninguna de las razones invocadas para ampliar el fuero militar resulta convincente o aceptable.

Como es conocido, un proyecto de reforma constitucional, que está en séptimo debate y que ha sido apoyado por el gobierno Santos, amplía enormemente el fuero militar, pues establece que la justicia castrense conocería de muy graves violaciones a los derechos humanos, como torturas, actos de violencia sexual o asesinatos, cometidos por militares o policías en sus operaciones. Sólo se excluyen de su competencia los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y las desapariciones.
Esta reforma es jurídicamente inaceptable pues, como lo señalaron todos los relatores especializados en derechos humanos de Naciones Unidas, viola la igualdad ante la ley penal y desconoce las obligaciones internacionales de Colombia, que excluyen del fuero militar esas atrocidades. Además, la reforma sería políticamente negativa para los propios militares, pues generaría la impresión de que ese esfuerzo por sustraerse a la vigilancia de jueces independientes busca una sola cosa: la impunidad.
A pesar de esos reparos, muchos defienden esta peligrosa ampliación del fuero militar y han ofrecido varias justificaciones, que conviene examinar.
La primera y más usual es que los jueces penales ordinarios no deberían juzgar crímenes cometidos en operaciones militares pues (a diferencia de los jueces castrenses) no entienden de asuntos militares ni de derecho humanitario, que es el que regula los conflictos armados.
A primera vista esta justificación suena, pues la comprensión de una operación militar requiere de conocimientos especializados. Es igualmente posible que algún juez ordinario en Colombia, que no estuviera adecuadamente formado en estos temas, haya cometido un error al juzgar a algún militar.
Esa complejidad de los asuntos militares no justifica, sin embargo, la ampliación del fuero. Con ese argumento destrozaríamos la igualdad ante la ley penal pues habría que prever también un fuero médico y otro financiero, pues un tratamiento quirúrgico o una operación bancaria son también actividades complejas y difíciles de entender. Pero lo cierto es que los jueces, con una formación y asesoría especializadas, pueden juzgar a los médicos y a los banqueros. ¿Por qué no podrían juzgar entonces las eventuales atrocidades cometidas por los militares y policías?
Una prueba práctica contundente de que un juez civil puede juzgar adecuadamente actos militares en un conflicto armado es la siguiente: los actuales tribunales penales internacionales, como el de la antigua Yugoslavia, están integrados por jueces no castrenses y han podido juzgar en forma apropiada e imparcial los crímenes de ese conflicto armado. ¿Por qué no podrían también hacerlo los jueces colombianos, obviamente con la apropiada formación en derecho humanitario y asuntos militares?
Esta primera justificación de la ampliación del fuero es pues inaceptable. Pero tampoco las otras son admisibles, como lo mostraré en las siguientes columnas.