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The notaries. Feudal openings.

The politicization of the registry offices to put an end to the dignity of these charges and continues to go against the Constitution and, worse still, with the complicity of the Government.

Por: Mauricio García VillegasSeptember 21, 2006

La politización acabó con la dignidad de estos cargos.

En el siglo XVII, el Estado no contaba con funcionarios públicos. Eran los amigos del rey quienes cumplían las funciones básicas de administración y justicia; y lo hacían de manera vitalicia, depositarios como eran de prerrogativas feudales que luego heredaban sus hijos.

En Colombia no tenemos reyes ni Estado monárquico, pero aquí se otorgan privilegios muy parecidos a los feudales. Hay muchos ejemplos, pero ninguno tan elocuente como el de las notarías.

Existen 858 notarios que son nombrados entre los amigos y copartidarios de los presidentes y gobernadores. Según Portafolio, en los últimos 10 meses se crearon 20, de las 247 notarías que han sido creadas desde que se promulgó la Constitución de 1991, la misma que en su artículo 131 ordenó someter a carrera administrativa a los notarios y acabar con ese mercado clientelista.

Nunca ha sido posible cumplir con ese artículo 131, ni con las decisiones de la Corte Constitucional que ordenan acatarlo. Ello se debe a que, en esta materia, la constitución choca no sólo con intereses políticos muy poderosos sino con un mercado muy apetecido. Se calcula que un notario de capital de departamento gana más de cien millones de pesos mensuales.

Las notarías también se heredan como si fueran prerrogativas nobiliarias. Los casos más conocidos -dice Portafolio- son los del notario primero de Bogotá, Hernán Pieschacón Forondona, y la notaria 29, Patricia Téllez Lombana, quienes recibieron los cargos de sus padres. Pero sobre todo, dice Portafolio, las notarías se consiguen por la familiaridad con el poder político. Victoria Bernal Trujillo, notaria 18, es hija del ex procurador Jaime Bernal Cuéllar; Gilberto Castro Castro, notario 4, es hermano del ex alcalde de Bogotá Jaime Castro Castro; Jorge Humberto Uribe Escobar, notario 24, es hermano del senador Mario Uribe Escobar y primo del presidente Alvaro Uribe (Portafolio, 6 de septiembre de 2006).
Y estos son solo algunos ejemplos bogotanos entre decenas de casos.

A lo anterior se agrega el hecho de que las notarías en Colombia prestan un servicio público desmesurado e incierto a la vez.

Desmesurado, porque todo tiene que pasar por ellas. En países desarrollados, las funciones de notariado son algo marginal. Rara vez una persona del común tiene que pedir una certificación notarial. En Colombia, en cambio, las notarías abundan y siempre están llenas de usuarios que solicitan todo tipo de certificaciones inútiles como la autenticación de la cédula o la declaración juramentada.

Pero el servicio público que prestan también es incierto. Las notarías sirven más para fomentar la presunción del principio de mala fe -en contra de la Constitución que ordena presumir la buena fe (art. 83)- que para asegurar transacciones. Es verdad que aquí se hacen más trampas que en otros países. Sin embargo, me pregunto si las notarías realmente disuaden a los tramposos o, por el contrario, permiten que sus trampas sean más certeras. Esos sellos de todos los colores que ponen los notarios detrás de las hojas dan la falsa impresión de un respaldo institucional poderoso y omnisciente. Falsa impresión que, me temo, sirve para perfeccionar engaños.

Desde los tiempos remotos de las Siete Partidas de Alfonso el Sabio se considera que el notario es depositario de una función pública esencial, como es la de dar fe. Por eso se supone que el Estado debe escoger personas de altas calidades morales e intelectuales para que desempeñen esa función.

Pero la realidad es otra. La politización de las notarías acabó con la dignidad de estos cargos y lo sigue haciendo en contra de la Constitución y, peor aún, con la complicidad del Gobierno, el cual sabe muy bien que con la implantación de la carrera notarial pierde las ventajas de esa tradición política centenaria que consiste en otorgar a los amigos privilegios disfrazados de cargos públicos

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