PASAR POR LA TOMA, CAUCA, ES ROzar una bomba a punto de explotar. Abajo, a lo lejos, se ven el municipio de Suárez y el embalse de Salvajina, que en 1985 desplazó y cambió para siempre la vida de las comunidades negras que han habitado la zona por casi cuatro siglos.

Por la empinada cuesta se divisa la razón de la violencia actual: las minas de oro que los afrocolombianos han trabajado artesanalmente desde entonces y que hoy son codiciadas por todos, como lo muestra la avalancha de títulos mineros otorgados por el Estado desde 2002.

Las amenazas y las órdenes de desalojo contra mineros y líderes comunitarios explican la tensión en el ambiente, apenas disimulada por las comparsas que saludan a Angela Davis, la intelectual pública afroestadounidense e ícono mundial de las causas feminista y antirracista. La visita de Davis este fin de semana confirma que La Toma es un símbolo de un conflicto más amplio: las disputas por los recursos naturales, la biodiversidad y los territorios étnicos. Se trata del otro flanco del debate sobre la tierra, del que se ha hablado muy poco en las recientes discusiones sobre la ley de restitución a las víctimas, que en hora buena el Gobierno decidió impulsar.

No hay otro lugar donde las disputas y los retos para la política gubernamental sean más agudos que en la zona que se extiende desde aquí hasta todo el Pacífico. Pero en el Pacífico también están algunos de los avances históricos y las oportunidades fundamentales para cualquier política que busque revertir el despojo, el desplazamiento, la depredación ambiental y la violencia de las últimas décadas.

Los retos del Pacífico son conocidos. El ex ministro Manuel Rodríguez los resumía bien en una columna reciente, cuando hablaba del ecocidio que se estaba perpetrando en una de las regiones más biodiversas del mundo, a manos de las compañías madereras, las retroexcavadoras de la minería del oro, los cultivos de palma aceitera o los planes de construir nuevos puertos de aguas profundas, como el de Bahía Málaga. Yo agregaría que el riesgo de ecocidio va de la mano con el de etnocidio. Basta leer el diagnóstico más completo del mismo Estado colombiano sobre la violencia contra las comunidades negras (el Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional) para entender por qué la probabilidad de que un afrocolombiano sea desplazado es 84% más alta que la del resto de la población, según el último censo del DANE.

Lo que se conoce menos son las oportunidades y lecciones que ofrece el Pacífico para una nueva política de tierras. Porque fue allí donde, a comienzos de los noventa, se llevó a cabo la que ha sido calificada como una de las principales reformas agrarias de América Latina: la titulación colectiva de tierras a comunidades negras, en virtud de la Ley 70 de 1993. Desde entonces, aproximadamente cinco millones de hectáreas han sido otorgadas a cerca de 60.000 familias, pertenecientes a 156 comunidades negras organizadas y constituidas como consejos comunitarios, que coordinan el uso colectivo y sustentable de los territorios que habitan. Son precisamente esos territorios donde hoy se viven los mismos conflictos que en La Toma, y donde la contrarreforma agraria y el despojo avanzan a todo vapor.

Así que el Pacífico pondrá a prueba las prioridades del Gobierno sobre los Derechos Humanos, la minería, el medio ambiente y los territorios étnicos. Como lo solicitaron cerca de 80 expertos de todo el mundo en una carta reciente al presidente Santos (que aún está pendiente de respuesta), el reto es recuperar el camino de los noventa y revertir la contrarreforma de la última década. La hoja de ruta es la Ley 70 y el Auto 005 de la Corte. Y la oportunidad es ahora, cuando el ministro Vargas Lleras debe nombrar al reemplazo de la saliente Directora de Asuntos de Comunidades Negras.