Publicado en Revista Ideele

La reciente rebelión de los países latinoamericanos por el incidente del avión de Evo tiene tanto de ancho como de largo; puede significar un cambio en las relaciones de poder, pero corre el riesgo de esconder temas nacionales de derechos humanos.

El Salón Simón Bolívar, uno de los recintos principales de discusión de la OEA, cuenta con una tribuna especial reservada para “países observadores”, que es generalmente ocupada por jóvenes diplomáticos de algunas embajadas europeas en Washington. Con frecuencia los asientos están vacíos, y cuando no lo están, la presencia de sus ocupantes es casi imperceptible en el desarrollo de las discusiones.

Pero la mañana del 9 de julio del 2013, el ambiente era distinto. Italia, España, Francia y Portugal no eran convidados de piedra. Ese día, más que la tribuna de observadores, ocupaban el banquillo de los acusados. Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) convocaron una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para discutir el incidente del avión del presidente boliviano Evo Morales en el espacio aéreo europeo.

Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua lideraban un grupo que exigía con vehemencia la aprobación de una resolución en la que se pidieran explicaciones, se condenaran los hechos y se exigieran disculpas para el primer Presidente indígena de América.

“Un fantasma recorre Europa: el fantasma del neocolonialismo”, apuntó el embajador venezolano Roy Chaderton como preludio de un fuerte discurso en contra de las políticas europeas y estadounidenses. El cierre del espacio aéreo europeo no hizo otra cosa que abrirle pista a un reclamo ya común en la OEA frente a los Estados Unidos, y que ahora toma vuelo frente a los países europeos.

De hecho, la sesión parecía casi calcada de la reunión que meses atrás se realizó en el mismo recinto para discutir la tensión entre el Ecuador y el Reino Unido por el caso del asilo de Julian Assange. En aquella oportunidad, pese a que el otrora todopoderoso Estados Unidos intentó mover sus fichas para oponerse, 23 países votaron a favor del Ecuador y solo dos acompañaron la posición norteamericana.

Pareciera el mundo al revés: países históricamente avergonzados por sus pobres récords en derechos humanos por los reportes del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Unión Europea, denunciando violaciones del Derecho Internacional y defendiendo el asilo de Edward Snowden como muestra de compromiso con los derechos humanos.

El riesgo más grande es que el discurso de los derechos humanos termine nuevamente convirtiéndose en una excusa para retomar viejas peleas ideológicas

La historia así contada parece traer buenas noticias para los derechos humanos. Por un lado, se presenta como una recomposición del espectro de poder que le viene bien a un sistema internacional que adolece de unas hegemonías incuestionables. Por el otro, resulta esperanzadora una defensa de la legitimidad de los derechos humanos proveniente de países del denominado “Sur global”, que se enfrentan a los poderosos, incluso a un alto precio diplomático.

Pero la rebelión de los chicos tiene tanto de largo como de ancho. La historia reciente en la OEA ha mostrado que el interés de estos liderazgos emergentes no necesariamente ha estado del lado de la protección plena de los derechos humanos.

Es cierto que los autodenominados “gobiernos progresistas” han promovido debates interesantes, como la revisión de aquellos estados que se niegan a aceptar compromisos internacionales (como la falta de ratificación de los Estados Unidos y Canadá de la Convención Americana de Derechos Humanos), o la poca atención que reciben los derechos económicos y sociales en el ámbito internacional.

Pero, al mismo tiempo, han rechazado la propia idea de la supervisión internacional en derechos humanos cuando la crítica recae sobre sus propias políticas, como se demostró en la cruzada de casi dos años que lideró la Alba para limitar las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Son férreos en la defensa de la libertad de expresión en casos como los de Assange y Snowden, pero aplican un estándar distinto cuando esa expresión critica el quehacer de sus gobiernos.

El riesgo más grande es que el discurso de los derechos humanos termine convirtiéndose nuevamente en una excusa para retomar viejas peleas ideológicas. El llamado a la dignidad de los pueblos de las Américas tendrá sentido solo si abandona ese discurso de tercermundismo trasnochado en el que toda denuncia viene acompañada del fantasma del neocolonialismo.

El cambio de contexto político en las Américas es refrescante. Pero el debate sobre el avión presidencial indica que la política de cielos abiertos a la que nos puede acercar no necesariamente garantiza un seguro despegue de los derechos humanos.