It is no secret that the work of health activists, particularly those struggling against the tobacco industry, has faced aggressive, illegal and corrupt tactics by the industries they fight.

En 2009, un informe de la Organización Mundial de la Salud reveló las ocho áreas de interferencia que de manera más común usa la industria tabacalera para detener los esfuerzos de las políticas anti-tabaco. Entre ellos se encuentran intentos por deslegitimar mensajes e investigación científica, manipulación a los medios de comunicación, relaciones públicas, tácticas para ganar control de las agendas públicas, cabildeo, uso estratégico de grupos de base o creación artificial de movimientos de base, intimidación, y amenazas a profesionales que trabajan en políticas de control de tabaco.

Sin embargo, nadie sospecharía que los activistas de la alimentación saludable, que buscan la puesta en marcha de políticas que limiten el consumo de alimentos considerados nocivos tales como las bebidas azucaradas o la comida chatarra, también tengan que enfrentar dichas tácticas de juego. Otros tipos de intimidación, como la infiltración de comunicaciones y la censura se han convertido en formas recurrentes para detener el trabajo de estos defensores en América Latina.

Al igual que los activistas anti-tabaco, los de la alimentación saludable se enfrentan a élites del poder económico que temen que ciertas políticas públicas limiten su rendimiento económico e influencia. Sin embargo, en lugar de participar en el debate público con argumentos y cifras, dichas élites se apoyan en métodos ilegales o, aunque legales, éticamente reprochables para llevar adelante su agenda. Las siguientes son algunas de las formas de interferencia a su trabajo que los activistas de la alimentación saludable han enfrentado en el último año en América Latina.

Interceptaciones y software espía

En 2014 México aprobó un impuesto a las bebidas azucaradas que buscaba reducir los niveles de obesidad, uno de los mayores del mundo y con mayor consumo per cápita de estas bebidas. Recientemente el New York times, publicó que en 2016, justo cuando se discutía un posible aumento a este impuesto en el Congreso, uno de los académicos del Instituto Nacional de Salud Pública, así como los directores de las organizaciones El Poder del Consumidor y la Fundación Mídetes, todas ellas organizaciones que apoyaban dicho incremento, fueron blancos de ataques cibernéticos a sus celulares.

Todos habrían recibido mensajes de texto que invitaban a hacer clic en un hipervínculo a través del cual se instalaba un software espía en su celular. Dicho programa permitía copiar mensajes, listas de correo, archivos, grabar imágenes y voz en tiempo real e incluso ubicar la localización de la persona.

Censura

En 2016 se discutió en Colombia la posibilidad de incorporar un impuesto similar a estas bebidas. Educar Consumidores, una organización reconocida por el trabajo en la imposición de impuestos saludables y políticas públicas para el consumo sano de alimentos, emitió un comercial televisado que mostraba la cantidad de azúcar de ciertas bebidas.

El comercial fue demandado ante la Superintendencia de Industria y Comercio por “publicidad engañosa”. La Superintendencia sostuvo que el comercial no contaba con “soporte científico ni médico” que permitiera sustentar la veracidad de sus afirmaciones. Esto, a pesar de que la evidencia científica que muestra la cantidad de azúcar de estas bebidas, así como sus consecuencias en la salud, es ampliamente conocida y fue expuesta por la organización en otros escritos ante esta entidad. La Superintendencia ordenó a Educar Consumidores cesar la emisión del comercial de manera inmediata, justo en el momento en que el Congreso debatía la posibilidad del impuesto. Asimismo ordenó que cualquier otra pieza publicitaria que la organización deseara transmitir y que tuviera las palabras “bebidas azucaradas” debía ser enviada a la Superintendencia para “control previo”.

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia es el ente encargado de regular y vigilar que la normatividad sobre derechos del consumidor se cumpla. Aunque la Superintendencia tiene potestad para recibir y procesar las denuncias por “publicidad engañosa” es sorprendente que la Superintendencia haya actuado, no para defender a los consumidores, sino para favorecer a la industria, por medio de la imposición de una sanción tan estricta como es el retiro de un comercial.

Adicionalmente, el hecho de que haya exigido una remisión previa de todos los contenidos comunicativos relacionados con este tema podría constituir un caso de censura previa. La censura previa, que consiste en la prohibición o aprobación de un material comunicativo con anterioridad a su emisión, está prohibida en Colombia. Este caso fue listado por la Fundación para la Libertad de Prensa como uno de los casos más importantes de censura en Colombia en 2016.

Un hecho que también llama la atención en este caso es que la denuncia por presunta publicidad engañosa haya sido interpuesta por un abogado que fungió como antiguo Superintendente. Aunque en Colombia es legal que antiguos funcionarios públicos litiguen luego en favor de intereses privados, y es previsible que las industrias busquen la mejor asesoría legal posible para la defensa de sus intereses, no deja de ser éticamente reprochable, e incluso constituir un posible conflicto de intereses, que quien antes tenía el deber de proteger los derechos de los consumidores trabajen luego para defender los intereses de la industria, o viceversa.

¿Qué hacer?

El Estado tiene el deber de proteger a todos los ciudadanos y grupos de interés de cualquier ataque a sus derechos, así como de garantizar un espacio seguro en donde distintos grupos puedan exponer sus ideas y discutir razonablemente libre de interferencias. Este equilibrio se rompe cuando el Estado permite que grupos de poder, económicamente fuertes, usen medios ilegales, corruptos o poco éticos para favorecer sus intereses. Los activistas por la salud deben tener la misma protección en sus derechos a la intimidad, seguridad y acceso a un órgano judicial independiente que el resto de ciudadanos. Aún más, en tanto que constituyen una parte débil, sin poder económico ni influencia política, deberían tener una protección reforzada por parte del Estado que les permita participar en el debate público sin miedos, ni presiones.