Con la rectificación a medias del procurador Ordóñez, quedó claro que seguirá cumpliendo parcialmente con la jurisprudencia y faltando a sus funciones.

El pasado miércoles, finalmente, el procurador Alejandro Ordóñez anunció cómo daría cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, en la que se ordena a él y a una de sus procuradoras delegadas, rectificar información que entregaron en su condición de funcionarios, y con la cual afectaron los derechos fundamentales de las mujeres.

En el comunicado público, el procurador no reconoce que emitió información imprecisa, e incluso, engañosa, sobre el alcance de algunos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como quedó probado judicialmente. Por eso, aunque acata y adopta formalmente algunas de las consideraciones de la Corte, deja ver que seguirá sin hacer cumplir plenamente las decisiones judiciales que se opongan a sus creencias morales.

Esto deja claras algunas cosas. La primera es que el procurador sí tiene una agenda moral personal que quiere hacer avanzar desde la Procuraduría, y que se ha rodeado de las personas que la comparten y que quieren a luchar en su cruzada. La segunda es que no está dispuesto a hacer cumplir la jurisprudencia constitucional, y tal vez tampoco las leyes que puedan contrariar sus convicciones.

Para muchos, esto no es criticable y al contrario, aplauden al procurador por ser el defensor del derecho divino natural. Sin embargo, esto sí es problemático. En Colombia, que es un Estado de Derecho, lo que debería cumplirse es la Constitución y no la Biblia.

Y la razón es sencilla, nuestro Estado es laico y no puede adoptar el punto de vista de una religión en particular, pues eso implicaría desconocer los derechos de los demás.

Por eso es que hay una única Constitución para toda la Nación, y varios textos sagrados para cada religión, así como gente que no cree en nada de lo que dicen esos libros. Y como todos, independientemente de las cosas en las que creamos, debemos ser protegidos por el Estado, son la Constitución, las leyes y la jurisprudencia, las que las autoridades deben cumplir y hacer cumplir.

A quienes consideran que al rehusarse a cumplir con las sentencias cabalmente el procurador obra bien, les pregunto: ¿qué pasaría si un alto funcionario del Estado defendiera una agenda moral totalmente contraria a las convicciones que ahora defiende el procurador y para ello incumpliera o cumpliera sólo muy parcialmente las decisiones judiciales? Por ejemplo, que fuera un ateo anticlerical que optara por discriminar a los católicos y usara su cargo para hacerlo. ¿Qué pasaría entonces si no garantizara sus derechos, por no compartirlos? Seguramente, entonces, sí reconocerían que los funcionarios lo primero que deben hacer es cumplir a cabalidad con sus funciones y hacer cumplir la ley.

Y claro que Alejandro Ordóñez, como ciudadano y abogado, puede defender sus ideas y convicciones morales en el debate público y académico. Incluso puede discrepar de la jurisprudencia de la Corte, cuando no la comparte. Ese derecho nadie se lo puede negar.

Pero lo que no puede hacer es usar su cargo público para hacer avanzar su agenda moral e imponer sus convicciones, por encima de las demás, y de la propia Constitución.

No solo porque esa no es una actitud democrática, sino porque con ello incumple con sus funciones. Pues como funcionario, una de sus obligaciones básicas es cumplir y hacer cumplir la ley y las decisiones judiciales, aunque no las comparta. De allí que el procurador, en su condición de autoridad del Estado, esté llamado a hacer cumplir la ley y las sentencias, a pesar de que a veces no se ajusten a lo que él cree.